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El fiscal pide 32 años de cárcel al expresidente de un club deportivo de Alicante por abusar de menores

El procesado, que también dirigía una asociación juvenil y trabajó en el comedor escolar de un colegio, será juzgado el viernes en la Audiencia por abuso sexual, acoso, exhibicionismo, elaborar pornografía con niños y posesión de porno infantil

El acusado, de espaldas, el día que pasó a disposición judicial en Alicante.

El acusado, de espaldas, el día que pasó a disposición judicial en Alicante. ALEX DOMÍNGUEZ

La Fiscalía solicita penas que suman 32 años y 9 meses de prisión para el expresidente de dos entidades deportivas de Alicante que será juzgado el próximo viernes en la Audiencia por dos delitos de abuso sexual a menores, cuatro delitos de acoso sexual, cuatro delitos de exhibicionismo o provocación sexual, un delito de utilización de menores para elaborar material pornográfico y un delito de posesión de pornografía infantil. El acusado está en prisión preventiva desde que fue detenido en octubre de 2018 por la Policía Nacional de Alicante.

Fue descubierto inicialmente porque presentó un certificado falso de antecedentes por delitos sexuales en el Ayuntamiento para pedir subvenciones para las dos entidades que presidía, el Club Deportivo de Jóvenes Promesas de Alicante y la Asociación Tots Junts, un colectivo deportivo juvenil dirigido a ayudar a menores en riesgo de exclusión social.

Según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado Javier R. M., que ya había sido condenado anteriormente a un año de prisión por un delito de utilización de menores con fines pornográficos, presidía las dos entidades deportivas mencionadas y además trabajó en el comedor escolar de un colegio de la zona norte de Alicante, donde también era responsable de actividades deportivas tras concluir el horario escolar. Asimismo, daba clases de programación y robótica a niños de entre 8 y 15 años.

En la vista oral se enjuiciarán presuntos hechos delictivos ocurridos con cinco menores, dos de los cuales, de 12 y 14 años, fueron víctimas de abusos presuntamente por el acusado, en cuyo teléfono móvil se descubrió una conversación de WhatsApp en la que indica que mantuvo relaciones sexuales con una de las víctimas en su domicilio, según la acusación pública.

Intercambio de archivos

El procesado, siempre según el escrito de acusación de la Fiscalía, mantuvo de forma continua numerosos contactos con menores de edad a través de redes sociales o WhatsApp en los que se intercambiaban «comentarios, fotografías y archivos de contenido sexual».

El 18 de octubre de 2018 fue detenido por la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional de Alicante con motivo de la investigación abierta por la falsificación del certificado de antecedentes de delitos sexuales que le exigían en el Ayuntamiento para pedir unas subvenciones. En el registro de su domicilio, realizado con el consentimiento voluntario del acusado, se intervinieron pruebas de su presunta relación con casos de corrupción de menores.

El Ministerio Público destaca en su acusación que el informe pericial establece que fueron localizados más de un centenar de archivos con contenido pedófilo en los que aparecen menores de diferentes edades manteniendo relaciones sexuales. La Policía también localizó más de 170 archivos de imágenes en las que aparecen adolescentes posando con el torso desnudo.

Contenido pornográfico

El análisis de un teléfono móvil también desveló conversaciones con menores de «contenido altamente pornográfico y fotografías explícitas de contenido sexual, sin que conste que sean menores de edad», indica el fiscal. La Policía pudo identificar a tres menores con los que el acusado mantenía contactos, pero no a otras personas que aparecían en los contactos.

Las penas de cárcel que inicialmente solicita la Fiscalía por los 12 delitos que le imputan oscilan entre los nueve meses de cárcel por cada uno de los cuatro delitos de exhibicionismo o provocación sexual y los 10 años de prisión por el delito de abuso sexual a un niño de 12 años.

La Fiscalía también pide que el acusado indemnice a las familias de cuatro menores con un total de 20.000 euros.

Además de las penas de cárcel también solicitan que el procesado sea inhabilitado durante 15 años para cualquier trabajo que «conlleve contacto regular y directo con menores de edad», así como la prohibición de que se comunique con las víctimas por cualquier medio.

El acusado, antes de ser detenido en 2018, fue entrevistado por una televisión local y explicó que siempre ha estado ligado a asociaciones juveniles y que se dedicaba a «ayudar a la gente desinteresadamente».

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