Cuarentenas que impiden sentarse en el banquillo a los acusados. La Audiencia de Alicante tuvo que suspender esta semana un juicio al expresidente del Colegio de Graduados Sociales Francisco Javier Méndez Jara tras una nueva alerta por covid. No era la primera ocasión que esto ocurría con este mismo procesado. Después de haber alegado él mismo en octubre que estaba confinado en su domicilio por haber tenido contacto con un positivo de coronavirus y lograr el aplazamiento en otra causa, ahora era su abogado quien alegaba esta misma situación. Es la tercera vez que se suspende un juicio en la Audiencia contra este acusado por alguna de los procedimientos que tiene abiertos y pendientes de juicio. Siempre por imprevistos médicos surgidos cuando se acercaba la fecha señalada. En esta ocasión, se le acusaba de haberse quedado con dinero que tenían que percibir algunos de sus representados de indemnizaciones por despido. Ante tal reiteración de incidentes, la Audiencia se lo tuvo que pensar antes de finalmente acordar el aplazamiento.
A prisión estuvo a punto de entrar otro acusado de un caso de violencia de género que alegó que estaba encerrado en casa pendiente del resultado de una prueba PCR para lograr la suspensión de la vista. El juzgado tuvo constancia de que, el día en que se tenía que haber sentado en el banquillo, se encontraba con total normalidad en su puesto de trabajo. La magistrada de un juzgado de lo Penal llegó a convocar una vista para decidir si lo mandaba a prisión. En aquella comparecencia, el procesado adujo que le habían comunicado esa misma mañana que la prueba haba dado negativa y que ya podía hacer vida normal, motivo por el que se fue al trabajo. Ante las explicaciones aportadas, el fiscal y la acusación particular optaron finalmente por no pedir el encarcelamiento.
Cada día son más frecuentes estas situaciones en los juzgados alicantinos y, más sobre todo a medida que se incrementa el número de contagios. Cuando se platea la suspensión de un juicio a causa del covid, al juez se le plantea la duda de si realmente quien lo pide está siguiendo una cuarentena real, o si se trata de una mera treta dilatoria. Para evitar situaciones de picaresca, la Audiencia ha endurecido los controles para comprobar que la persona está realmente confinada. Se ha dado el caso de peticiones de suspensión por el temor a contagios desplazarse desde otro municipio. Sin existir una causa real más allá del miedo al contagio, han sido rechazadas del plano.
Los juicios se han convertido en un objetivo muy volátil desde que empezó la pandemia. No hace falta estar contagiado para lograr la suspensión. Basta que el riesgo sanitario exista para que la medida pueda acordarse. Las sospechas de posibles riesgos de contagio se van a tomar en serio, pero no van a conllevar la suspensión automática.
Tras tres meses de parón durante el estado de alarma y ocho mil juicios suspendidos en todas las jurisdicciones en la provincia por culpa del confinamiento, los tribunales quieren ponerse al día. Pero entre la pandemia y la picaresca, no tienen tregua. «No basta con alegar verbalmente esa cuarentena. Hay que acreditarlo por escrito, con un justificante del centro de salud», aseguró el presidente de la Audiencia Juan Carlos Cerón. En los casos en que ese confinamiento sea una excusa, el falso caso sospechoso se expone a ser detenido si fuera sorprendido haciendo vida normal.
Cualquier medida equivocada por parte del juez puede tener consecuencias. Hace unas semanas, la Audiencia de Valencia anulaba un juicio y obligaba su repetición por no aplazar un juicio en el que el abogado estaba aislado por sospechas de covid.
Goteo constante de bajas
Y cuando no es el acusado o alguna de las partes las que se encuentren en cuarentena, puede ocurrir que la incidencia surja en alguno de los testigos que había citados. «Es un goteo constante de gente que viene a avisar que no puede venir por la pandemia», señalaban fuentes del Palacio de Justicia de Benalúa. En estas situaciones se pide a las partes que valoren si consideran esencial su testimonio o si renuncian a él. Pero la situación sanitaria sigue abriendo frentes. Antes de acabar el pasado 2020, se suspendieron todos los traslados de presos desde las prisiones de Fontcalent y Villena al detectarse un brote.
A la hora de celebrar un juicio con un elevado número de acusados o de testigos, cualquier órgano judicial se enfrenta a la más absoluta de las incertidumbres. En cualquier momento puede surgir un contagio que eche atrás todo el señalamiento. La Audiencia suspendió el pasado noviembre el proceso por fraude fiscal de Autosalón, al estimar la petición de las defensas del riesgo de contagios en una sala con más de treinta letrados. También está en el aire otro macroproceso por fraude fiscal en la importación de calzado asiático con treinta acusados en el banquillo. El tribunal no se ha atrevido aún a ponerle fecha, dada la probabilidad de que en algún momento el avance de la pandemia eche al traste toda la agenda.
Uno de las vías elegidas para poder ponerse al día son las conformidades y se está intentando negociar desde la Fiscalía acuerdos con los acusados que permitan poder cerrar el proceso. Antes de la pandemia, los juzgados de lo Penal tenían retrasos de hasta dos años para poder señalar los juicios que no eran urgentes. Algunos juzgados de lo Penal estiman que en septiembre de este año conseguirían haber celebrado ya todo lo que quedó pendiente durante los meses de la cuarentena. Si el virus lo permite.
