La Audiencia de Alicante ha impuesto una pena de cuatro años de prisión por abusos de menores a un voluntario que trabaja con jóvenes discapacitados o en riesgo de exclusión social, según confirmaron a este diario fuentes judiciales. El acusado estaba acusado de dos casos de abusos y llegó a estar investigado por otros hechos similares. Solo uno de los casos ha quedado probado para el tribunal, pero en el otro, en el que la víctima contaba con 17 años, la sala cree que no se ha demostrado la falta de consentimiento del joven. Se da la circunstancia de que éste llegó a tener un intento de suicidio, que tenía problemas afectivos derivados de su complicada situación familiar. La Fiscalía le reclamaba penas que sumaban catorce años y medio de prisión.
El único de los casos que ha quedado probado para la Audiencia es el de un joven que contaba con 13 años cuando ocurrieron los hechos mientras el acusado le estaba enseñando a conducir. El procesado era una persona de total confianza para la familia, ya que iba a la casa a cuidar del hermano de esta víctima y que estaba afectado por un autismo severo que le impedía comunicarse. Los abusos que la Audiencia ha considerado probados ocurrieron en el verano de 2016, mientras el procesado estaba enseñando a conducir al menor. Este último estaba al volante sentado sobre las rodillas del acusado, momento que éste aprovechó para empezar a tocar los genitales del joven. El niño no contó lo ocurrido a su madre hasta tres años después, cuando la Policía empezó a investigar otros posibles casos de abusos sexuales a menores cometidos por el sospechoso. La madre presentó la denuncia y a raíz de ello cesó toda comunicación y relación con el acusado. En el juicio, la madre declaró que durante todo este tiempo le había reconcomido el qué habría pasado con su otro hijo, cuya discapacidad le impide comunicarse, en los ratos en que el procesado estuvo a solas con él.
El fallo le obliga a indemnizarle con el pago de 3.000 euros por los daños morales causados.
Prisión preventiva
El procesado lleva en prisión preventiva desde noviembre de 2019 a raíz de que la Policía empezara a investigarle por una denuncia de la Fiscalía de Menores que alertaba de que esta persona estaría intentando contactar a través de una red social con menores tutelados pidiendo fotos de desnudos a cambio de regalos. Los agentes empezaron a contactar con aquellos menores que habían tenido un contacto más estrecho con el sospechoso, ya que éste como voluntario había tenido contacto estrecho con jóvenes en situación de especial vulnerabilidad. A pesar de que habían pasado más de cuatro años, dos de ellos y sin relación entre sí denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte del acusado.
El segundo de los casos, en los que la víctima tenía 17 años de edad, la Audiencia no ha considerado probadas las acusaciones. La sala entiende que ambos mantuvieron relaciones sexuales en varias ocasiones pero considera que no ha quedado probada la falta de consentimiento en estos contactos. El menor residía en una vivienda de emancipación y carecía de apoyo familiar, por lo que necesitaba contar con un adulto para poder salir los fines de semana del piso.
La relación entre ellos cesó en el momento en el que éste intentó suicidarse. Aunque el menor contaba con numerosos problemas afectivos por su complicada situación familiar, la Fiscalía sostenía que parte de la situación vivida con el procesado fue una de las causas de esta tentativa suicida. El joven había sido expulsado de dos de los pisos tutelados en los que estuvo viviendo en aquellos días y presentó una demanda contra su padre adoptivo reclamándole el pago de sus necesidades básicas.
