Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Crisis migratoria

Las denuncias a un centro de menores de Gran Canaria obligan al desalojo urgente

La Fiscalía incoa diligencias de investigación tras tomar declaración al director de la entidad gestora | El Gobierno y el Ayuntamiento acuden a la justicia

Centro de menores de Mogán.

Centro de menores de Mogán.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha abierto una investigación por las presuntas agresiones sexuales y prostitución en el centro de acogida de menores migrantes no acompañados ubicado en el complejo de apartamentos Porto Bello, en la localidad turística de Puerto Rico, tras tomar declaración al director de las instalaciones y constatar que 11 de los internos están en paradero desconocido. En los próximos días se citará a los trabajadores y a los menores.

En paralelo, el Gobierno de Canarias ha iniciado el traslado de los menores migrantes a otras instalaciones de Mogán y de Las Palmas de Gran Canaria, después de que la propia Fiscalía y el Ayuntamiento sureño insistieran en la necesidad de cerrar el centro de Porto Bello. La existencia de ese espacio provisional se ha vuelto a criticar tras la denuncia anónima de algunos de sus trabajadores por presuntas agresiones sexuales a uno de los internos, así como el ejercicio de la prostitución de tres de ellos dentro y fuera del edificio.

Tras desvelarse un informe remitido al Consistorio de Mogán en el que esos supuestos empleados relatan las agresiones sexuales y numerosas irregularidades en el funcionamiento del centro, la Fiscalía tomó declaración ayer mismo al responsable de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, la entidad que gestiona ese centro, y decidió incoar diligencias de investigación.

La Guardia Civil también anunció que investigará la veracidad de los hechos denunciados de forma anónima por los trabajadores del centro y señaló que hasta ahora solo tenía constancia de altercados e incidentes protagonizados por menores internados en el centro, pero no abusos sexuales ni las demás irregularidades que se incluyen en ese informe anónimo.

Al igual que el Gobierno de Canarias, tanto la Fiscalía como la Guardia Civil expresaron su sorpresa por la forma en que se han comunicado esos presuntos delitos contra los menores tutelados, pues no existe ninguna denuncia, ni por escrito ni verbal, por parte de los trabajadores, pese a la gravedad de los hechos que se narran en el escrito al Ayuntamiento. Al respecto, las fuentes consultadas explicaron que probablemente se llamará a declarar a la totalidad de los empleados de la entidad que gestiona Porto Bello y a los menores migrantes que hayan sido reconocidos como acusados o víctimas de esas agresiones.

Aunque en el último recuento semanal de la Guardia Civil se tenía constancia de la fuga de nueve de los 120 migrantes de origen magrebí acogidos en esas instalaciones, el director del centro elevó a 11 el número de menores en paradero desconocido. Entre esos fugados se encuentra el chico que fue víctima de «repetidas agresiones sexuales» por parte de otros dos internos, que según los trabajadores denunciantes seguían en ese complejo de apartamentos pese a la constatación de que ya eran mayores de edad en el momento de las agresiones.

La Fiscalía recordó ayer que ha instado varias veces a la Dirección General del Menor del Gobierno canario a trasladar a los menores acogidos provisionalmente en estos apartamentos de Mogán. De hecho, los incidentes sobre los que se ha tenido conocimiento, por peleas, daños en el mobiliario o insultos a monitores, entre otros, han sido tramitados y algunos han derivado en la adopción de medidas judiciales sobre sus autores.

En declaraciones a Efe, la portavoz Beatriz Sánchez puntualizó que le consta que el Gobierno regional tiene intención de realojar a estos menores en un centro adecuado.

Denuncia formal

El Gobierno de Canarias, tras concluir una investigación interna desde la Dirección General de la Infancia, ha presentando una denuncia formal tanto ante la Unidad del Menor de la Policía Canaria como ante la Fiscalía, con el fin de dar trasladado de la denuncia anónima, según adelantó la consejera Noemí Santana en un encuentro con periodistas.

Además en la denuncia, se recogen posibles nombres y no establece límite temporal sobre los hechos, así como se hace referencia a las deficiencias encontradas en el centro». La consejera dijo que desde su departamento se actuará «con contundencia» ante los hechos denunciados, aunque matizó que «quien debe resolver es la Policía y la Fiscalía».

El Gobierno autonómico acompañará esas actuaciones y se personará «en cualquier causa si se ve que hay indicios de esos delitos». A su juicio, su consejería ha hecho «lo que tenía que hacer, ponerlo en conocimiento de la policía y de la justicia».

Santana aseguró que lleva muchos meses diciendo que la prioridad era poder cerrar los dispositivos que estaban ubicados en alojamientos turísticos, así como que siempre ha señalado que este tipo de dispositivos «no eran idóneos para poder albergar ahí a niños y adolescentes».

Justificó esa decisión ante la «emergencia humanitaria inmigratoria que vivió el Archipiélago, con más de 2.700 niños tutelados por la Comunidad Autónoma, cosa que nunca había ocurrido en la historia, se tuvo que hacer uso de esos dispositivos».

La consejera subrayó que desde mayo se están trasladando a los menores a otros recursos más idóneos y precisó que en el mes de mayo cerraron en Mogán uno de estos alojamientos turísticos, el Tamanaco, y en el caso de Porto Bello desde el 1 de junio se está trasladando a menores a otros centros bien en Canarias o en la Península.

Este centro de Mogán, comentó Santana, tuvo en su momento unas 170 plazas. Actualmente tiene 121 cubiertas, aunque 43 chicos se trasladaron ayer mismo a otros recursos de la Comunidad, de tal forma que espera que el dispositivo de Porto Bello «pueda ver su cierre total en el mes de julio, probablemente mitad de julio», al igual que otros dos que quedan en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Tal como había anunciado el lunes, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, llevó ayer a la Fiscalía las denuncias de agresión sexual y prostitución realizadas por los empleados del centro. Según informó el Ayuntamiento en una nota, el informe remitido relata de forma precisa «cómo una auxiliar técnico educativo comunicó que un grupo de menores le ha reportado las repetidas agresiones sexuales que ha sufrido un menor – identificado incluso por sus iniciales– por parte de otros dos usuarios alojados en el centro ya certificados como mayores de edad».

«Parece además que el menor agredido ha tenido que fugarse para evitar ese tipo de situaciones y las humillaciones de sus compañeros por lo ocurrido. Un auxiliar del turno de noche llega a indicar la existencia de vídeos de las agresiones sexuales y se asegura que varios menores también informan de lo ocurrido», relata la denuncia del Ayuntamiento.

Por todo ello, el equipo educativo solicitó a la dirección del centro un refuerzo de los turnos de noche e interponer la correspondiente denuncia. Según los denunciantes, «nada de esto se ha llevado a la práctica y lo mismo parece suceder con los casos de prostitución, pues se refiere que la dirección conoce que al menos tres menores la han ejercido dentro y fuera del centro y que no se ha actuado al respecto», añade la nota municipal.

También se señalan repetidas e injustificadas agresiones psicológicas y físicas a los jóvenes, que van desde los insultos y vejaciones, a la intimidación y contenciones físicas, colocando una rodilla sobre el cuello de los menores o practicando la “estrangulación desnuda”.

Los trabajadores detallan otro tipo de negligencias, como la falta de atención médica de los menores que tienen un tratamiento psiquiátrico o los que requieren antibióticos, así como el inexistente protocolo anti Covid-19. Asimismo, las deficientes condiciones de habitabilidad por los altercados que se han sucedido en los últimos meses y el mal estado de las instalaciones de suministro eléctrico y de agua.

El PP pide una comisión de investigación sobre los supuestos delitos


La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Australia Navarro, ha mostrado su preocupación por la denuncia anónima sobre supuestos delitos sexuales presuntamente cometidos en un centro de menores inmigrantes en Mogán que, de ser ciertos, «deben ser investigados hasta las últimas consecuencias», incluso en una comisión parlamentaria.

Navarro además ha reprochado al Gobierno de Canarias que «no haya trasladado aún a la Fiscalía» las presuntas agresiones a menores que tutela. Para Navarro, «la gravedad de esta denuncia, que habla de supuestos delitos de agresiones físicas, sexuales y prostitución, habría requerido una respuesta inmediata y contundente, más allá de anunciar un proceso de inspección interno o el cierre adelantado de este recurso».

La también presidenta del PP en Canarias ha anunciado que, de confirmarse estos hechos, este grupo promoverá una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias, «para que de manera justa, imparcial y rigurosa se conozca qué ha fallado y se cambie y se mejore lo que sea necesario para garantizar la seguridad y la integridad de los menores».

En este mismo sentido se ha pronunciado el grupo Nacionalista Canario, que ha solicitado por escrito al Gobierno de Canarias que informe sobre la actuación de la Dirección General de Protección de la Infancia ante los supuestos delitos sexuales.

La diputada del citado grupo Cristina Valido ha afirmado que se necesitan «luz y taquígrafos» ante una «gravísima» situación que fue comunicada, según afirman los denunciantes, a la Consejería de Derechos Sociales, a través de citada Dirección General, el pasado 31 de mayo y que, según ellos, «no supuso ninguna acción inmediata, como cabría esperar». «Hechos de esta gravedad debería haber sido puestos en conocimiento de la Fiscalía sin dilación y tendría que haber supuesto la intervención urgente de la Consejería en el centro, con la apertura de las investigaciones pertinentes», ha advertido Valido. 


Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats