Instituciones Penitenciarias ha levantado la suspensión de empleo y sueldo para los dos funcionarios de la cárcel de Villena que fueron expedientados junto a un tercer trabajador por su actuación al reducir a un interno conflictivo, intervención que, posteriormente, derivó en el caso de la subdirectora de seguridad de dicha prisión detenida por simular el robo de su móvil y una agresión al salir de su casa en Benidorm.
El organismo dependiente del Ministerio del Interior ha decidido levantar la medida cautelar consistente en la suspensión de funciones ante la previsión de que el procedimiento judicial se pueda dilatar en el tiempo, según explican a Europa Press fuentes penitenciarias. El expediente como tal seguirá abierto hasta que haya resolución judicial.
El presidente del sindicato «Tu abandono me puede matar» (TAMPM), Manuel Galisteo, se ha mostrado contento por la decisión de Instituciones Penitenciarias, aunque «no satisfecho» porque su intención es que se declare «nulo de pleno derecho» el expediente abierto a los trabajadores.
La abogada de TAMPM, Raquel Sánchez, ha recurrido ante el TSJ la suspensión de empleo y ha pedido que se acuerde la nulidad y aboben a los funcionarios el dinero no cobrado. Asimismo, están a la espera de que el juzgado de Villena se pronuncie sobre la petición de archivo para los tres funcionarios que redujeron al preso.
En declaraciones a Europa Press, Galisteo ha señalado que están personados junto a los trabajadores en la causa judicial y que seguirán «hasta el final», ya que reclaman una indemnización por el «daño moral a los funcionarios y a la imagen de la institución».
Desde los sindicatos se pidió que se suspendiera el expediente después de que en noviembre la Guardia Civil detuviera a la subdirectora de seguridad de la cárcel de Villena acusada de simular el robo de un móvil donde habría recibido amenazas y una agresión de encapuchados.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se había manifestado semanas antes del arresto en las instalaciones de Villena para condenar estos hechos -creyendo la versión de la alto cargo- que se revelaron como falsos, de ahí que diferentes sindicatos pidieran su dimisión.
Tras cesar a la subdirectora, fuentes de Instituciones Penitenciarias señalaron en noviembre que los tres expedientes disciplinarios contra los trabajadores actuantes, dos de ellos con suspensión de empleo y sueldo, se mantenían abiertos a la espera de la resolución judicial, ya que la reducción presuntamente violenta del interno con problemas de salud mental era independiente del caso judicial por la denuncia falsa de la subdirectora de Villena.
