La huelga de letrados de la Administración de Justicia ha impedido que este jueves arrancara en la Audiencia Provincial el primer juicio a los acusados de pertenecer a una red china de blanqueo de capitales en la provincia de Alicante. En la segunda jornada de paros de los anteriormente llamados secretarios judiciales, el seguimiento ha sido masivo en Alicante con índices por encima de la media nacional y muy similares a los de las movilizaciones del miércoles.
Según los convocantes, en Alicante, la huelga fue seguida por el 83,6% de los letrados judiciales, mientras que en España la media de participación fue del 60%. Una participación que el Ministerio de Justicia redujo al 29,48% en toda España; y a un 45,64% sobre el total de la plantilla en la provincia de Alicante. De acuerdo con las cifras del Ministerio, sin los servicios mínimos la cifra se situaría en un 68,69%.
El proceso por el fraude fiscal no fue el único macrojuicio afectado este jueves por la huelga, ya que en Elche se tuvo que suspender también la sesión señalada para la causa del Plan Zonal de basuras de la Vega Baja, una rama del llamado caso Brugal, y por el que está acusado entre otros el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.
El macrojuicio por la presunta red de blanqueo asiática se ha intentado celebrar en varias ocasiones sin éxito desde que se remitió a la Audiencia en 2018, dada la dificultad de cuadrar agendas para sentar a una treintena de acusados en el banquillo. La sala prevé que la vista se pueda retomar este viernes con una sesión en la que las partes puedan plantear las cuestiones previas. La convocatoria fallida de este jueves sirvió para sentar a todas las partes y tantear la posibilidad de que se llegue a un acuerdo y que impediría un largo juicio de más un mes de duración prevista.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado plantearon rebajas de condenas para los acusados si se declaran culpables de los hechos y pagan el dinero reclamado por Hacienda, Sin embargo, por parte de algunas defensas se ve complicado llegar a acuerdo alguno por existir intereses contrapuestos entre algunas de las partes y que se piden garantías de que la pena se va a suspender para que los acusados no tengan que ingresar en prisión. Las penas que reclama la Fiscalía suman más de 220 años de cárcel entre todos los acusados y oscilan entre los seis y los 22 años en función del grado de participación, de cada uno. Penas que podrían bajar sustancialmente en caso de llegarse a un acuerdo, que también pasa porque Hacienda cobre el dinero reclamado.
En cualquier caso, las defensas tienen hasta el próximo 22 de marzo para responder a la propuesta de conformidad. En caso contrario, empezarían los interrogatorios a los acusados y arrancaría el juicio formalmente. Los cinco primeros procesados en declarar serán los presuntos miembros españoles de la trama. A continuación hay una veintena de ciudadanos chinos que habrían eludido el pago a Hacienda por las ventas de calzado asiático a través de la provincia de Alicante, entre los años 2005 y 2009, un dinero que posteriormente se enviaba a China. Las acusaciones cifran en 168 millones de euros el capital evadido a China y en otros 30 millones los impuestos que no se pagaron en la provincia de Alicante por estas ventas.
El Ministerio Público sostiene que la organización se dedicaba a enviar a China el dinero que obtenía de la venta de calzado, lo que hacía a través de transferencias bancarias ordenadas por ciudadanos chinos de partidas no declaradas a Hacienda. Las sociedades se encontraban en el polígono Carrús de Elche y el calzado se importaba directamente desde China declarando un valor inferior al real, por lo que pagaban menos aranceles, para venderlo en territorio nacional. Para ocultar la identidad del supuesto defraudador, las transferencias a los proveedores chinos se hacían a través de una red organizada de personas y entidades que, a cambio de una comisión, enviaban el dinero a aquel país. Según recoge el escrito del fiscal, quienes hacían estos envíos percibían una comisión que oscilaba entre el 0,8% y el 1% de las cantidades transferidas y conocían perfectamente el origen ilegal del dinero.
El juicio estuvo a punto señalarse en febrero de 2020, pero fue suspendido finalmente debido a que algunos de los acusados se encontraban confinados en China al inicio de la pandemia. Algunos ellos en Wuhan, la ciudad donde se sitúa el origen del covid. Encontrar una sala para sentar a todos los acusados y a las partes, así como adecuarla para celebrar el juicio cumpliendo con las restricciones sanitarias había determinado que la vista oral se celebrara en el salón de actos de los juzgados de Pardo Jimeno.
Un millar de suspensiones tras dos días de paros
La Unión Progresista de la Letrados de la Administración de Justicia, convocante de la huelga, señaló que tras la jornada del jueves los datos de seguimiento han sido del 83,6% en el partido judicial de Alicante; un 96% en Elche y un 84% en Benidorm Dos días que dejan un millar de juicios suspendidos en toda la provincia, tanto en Penal, como en Civil y Social. Para el mes de abril hay previstos tres días más de huelga, los días 5, 6 y 7, que se mantienen al considerar que el Ministerio no tiene voluntad de negociar. J. A. M.
Valoración de los convocantes: «No se puede hacer la obra sin contar con los cimientos»
«Los datos de participación deberían hacer reflexionar al Ministerio de Justicia y salir de sus posturas inmovilistas». De esta manera, valoraba Olaya Sagarribay, secretaria de Organización de la UPSJ las dos jornadas de huelga protagonizadas por los letrados de la Administración de Justicia. «Somos un pilar de las reformas estructurales que está preparando el Gobierno para modernizar la Justicia y no se puede iniciar una obra sin tener los cimientos», subrayó. Uno de los motivos del malestar del colectivo es que tras las últimas reformas han tenido que asumir hasta 300 nuevas funciones, sin tener el consiguiente aumento retributivo. J. A. M.
