Situación crítica e insostenible en los juzgados de Primera Instancia de Alicante como consecuencia de la crisis. Así se refieren al panorama judicial de esta provincia en la memoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de este año. La sobrecarga de trabajo se encuentra localizada en los juzgados que directamente se encargan de resolver pleitos económicos, como las jurisdicciones civil, mercantil y social. Especialmente crítica es la situación en los juzgados de Primera Instancia, encargados de resolver pleitos por reclamaciones económicas, donde la sobrecarga de trabajo llega ya al 236%. El año anterior fue del 207 por ciento.
El Consejo General del Poder Judicial marca un módulo de entrada de 1.200 pleitos al año por juzgado, una cifra que en Alicante se duplica al situarse en 2.489 asuntos por juzgado. Esto se traduce en mayor lentitud de la Justicia por no poder asumir el incremento de asuntos. Y ello a pesar de que en un informe realizado por el juez decano de Alicante, César Martínez, se indica que se resolvieron más asuntos de los que se registraron: 27.159 por 24.821. Aunque el año pasado, se creó un juzgado de Primera Instancia en Alicante, el decano considera que serían necesarios otros tres más, ya que el partido judicial tiene el mismo número de juzgados en esta materia desde el año 2007.
En Alicante, diez de los catorce juzgados de Primera Instancia existentes se dedican a resolver reclamaciones civiles, ya que uno ha tenido que asumir las reclamaciones por las cláusulas suelo, mientras que en otros se concentran todos los pleitos de Familia y de incapacidades. En Familia se resolvieron 5.060 demandas frente a los 4.562 del año anterior.
Para el decano, el frenazo de asuntos en la jurisdicción mercantil es «puramente ilusoria» y lo atribuye a la moratoria del Gobierno en los concursos de acreedores vigente desde la pandemia. Otra de las jurisdicciones críticas es la de Social, la que se encarga de resolver pleitos laborales, con una sobrecarga de trabajo del 164%, la más alta de los últimos cinco años. Se registraron 7.405 asuntos frente a 6.593 de 2019. En contencioso-administrativo, recursos contra resoluciones de la Administración, se registraron 4.063 demandas frente a 3.549 del año anterior.
En materia penal, en cambio la memoria indica que las cifras se mantienen estables, como consecuencia de la reducción de la delincuencia durante la pandemia, Los nueve juzgados de Instrucción recibieron un total de 22.779 asuntos durante 2021 frente a los 21.038 de 2020. En 2019, antes de la crisis sanitaria, se registraron 25.002 asuntos. Por su parte, los juzgados de lo Penal también se mantienen estables pese a que ya se ha recuperado un módulo de entrada de asuntos equiparable a los de antes de la pandemia. 2021 se cerró con 7.196 asuntos frente a los 5.776 de 2020 y los 7.205 de 2019.
En la memoria del TSJ, su presidenta Pilar de la Oliva, recoge las reivindicaciones de los jueces decano y considera que son necesarios un total de catorce nuevos juzgados en la provincia de Alicante, para hacer frente a sus necesidades.
Nuevos juzgados
Entre estas nuevas unidades reclamadas se encuentran tres juzgados de Primera Instancia para Alicante; otro en Dénia; uno en Elche; así como un Registro Civil exclusivo en Orihuela y Elche. El TSJ reclama también un nuevo juzgado de lo Penal en Alicante que permita especializar a dos de estas unidades en juzgar de manera exclusiva y excluyente asuntos de violencia machista de toda la provincia. El TSJ pide también dos nuevos juzgados de lo Social para Alicante y Elche; otros dos de Contencioso Administrativo para ambas ciudades; así como nuevos juzgados de Violencia de la Mujer que permitieran a las principales cabeceras de partidos judiciales absorber los casos de otros más pequeños. De manera que Alicante asumiera los malos tratos de San Vicente; y Elche la de Novelda. El TSJ propone también la agrupación de los juzgados de violencia machista en Benidorm y La Vila para atender a las dos poblaciones.
El problema de la dispersión de sedes judiciales
A pesar del anuncio por la Conselleria de Justicia de la construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante después del verano, la memoria del TSJ sigue incidiendo en la dispersión de sedes judiciales en la ciudad como consecuencia de la falta de espacio disponible en los edificios actuales. Especialmente caótica es la situación de la Audiencia, donde no hay sitio ya para nuevas dependencias y se alerta de que se precisan archivos para causas y piezas de convicción, puesto que los disponibles están ya a su máxima ocupación, teniendo que depositarlos en dependencias destinadas a salas multiusos , secretarías y pasillos. «No es posible asignar despacho a los magistrados de apoyo y carecemos de sala para celebrar macrocausas dentro del Palacio de Justicia, teniendo que trasladarse los magistrados al edificio de Pardo Jimeno», alerta en la memoria el presidente de la Audiencia Juan Carlos Cerón. Los juzgados de Benalúa también están al límite lo que obliga a tener que acudir a locales de alquiler cada vez que se precisan la creación de nuevos órganos judiciales, hasta el punto de que se hayan repartidos en ocho sedes. J. A. M.
