A pesar del descenso de asuntos por el parón judicial durante el primer estado de alarma, los juzgados de la provincia de Alicante terminaron el año pasado con más de 100.000 asuntos pendientes de resolver. La memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana alerta de la sobrecargas de asuntos que tienen que soportar los juzgados de la provincia, que en algunos órganos judiciales llegan a ser de hasta un 130 y un 200 por ciento. Una carga de trabajo que se traduce en una mayor lentitud de la Justicia que resuelve cada año menos asuntos de los que entran, formando un atasco cada vez mayor.
La memoria refleja que los juzgados de la provincia recibieron en 2020 un total de 211.792 asuntos en todas las jurisdicciones, un 5,66 por ciento menos que el año anterior. Una bajada que se explica por los tres meses en los que la actividad estuvo suspendida y no se atendía nada que no fuera urgente.
Los descensos más acusados se registraron en la jurisdicción penal, donde las restricciones por el confinamiento se tradujeron en un desplome generalizado de los índices de delincuencia. En los juzgados de Instrucción, que se encargan de investigar las denuncias penales, la caída fue del 9,69% en la provincia de Alicante, mientras que los juzgados de lo Penal, encargados de celebrar los juicios de aquellos asuntos que conlleven penas inferiores a los seis años de cárcel, cayó hasta un 14,57%. A pesar de estas bajadas, entre estas dos jurisdicciones el año acabó con 24.677 asuntos por resolver. La mayoría, más de 15.000, corresponde a los juzgados de lo Penal, mientras que en Instrucción se han ido resolviendo los asuntos conforme llegaban. Parte de lo que les queda corresponde a causas que se arrastran de años anteriores. Desde los juzgados de lo Penal se han venido quejando de que buena parte de lo que se quedó por enjuiciar antes de la pandemia, sigue en espera de fecha.
El problema en Penal
«Nos dicen que podemos hacer juicios por videoconferencia con la cárcel para agilizar. Pero somos nueve juzgados y en las prisiones solo hay dos aparatos para la conexión», explican a este diario fuentes del Palacio de Justicia. A esto se añade la dificultad de que con los brotes de covid que mantienen Fontcalent confinada desde hace tres semanas, tampoco se puede trasladar al preso a la sala para las videollamadas, porque supondría romper el aislamiento dentro del recinto.
La memoria del TSJ refleja que en la jurisdicción Civil, en la que las reclamaciones económicas suponen gran parte de los pleitos se ha mantenido en los mismos niveles que otros años y allí no ha habido apenas disminución de asuntos. Más de 100.000 procedimientos que suponen la mitad de lo registrado en la provincia, y suponen un descenso del 0,87% con respecto a 2019. Por este motivo, se incide en que la reducción de asuntos ha sido «casi imperceptible» durante el pasado año.
En la jurisdicción civil, buena parte de la actividad se la ha llevado el juzgado de Primera Instancia cinco de Alicante, que es el que tiene asumida la competencia en exclusiva de las reclamaciones bancarias por cláusulas suelo. La introducción de medidas telemáticas para poder celebrar videojuicios y la incorporación de sucesivos refuerzos, han conseguido que se resolvieran un total de 5.022 de las demandas, cuando a lo largo de al año se habían presentado 3.919. Y todavía quedaban por resolver otras 7.464 más. La memoria indica que el índice de resolución en la Comunidad Valenciana de estos juzgados especializados es del 121,2%.
Situación crítica
En la memoria, el juez decano de Alicante César Martínez incluye un informe en el que se dice que la situación de los juzgados de Primera Instancia en Alicante es «crítica» recordando que en la práctica en esta demarcación judicial «se tienen los mismos juzgados que en el año 2007», ya que aunque se ha creado alguno nuevo luego se ha especializado en otras materias. Mientras , la carga de trabajo ha ido subiendo hasta el punto de que en los últimos cuatros han superado en un 200% los módulos de trabajo recomendados por el Consejo General del Poder Judicial, 1200 casos al año por juzgado.
En materia Contencioso-Administrativo, que es la jurisdicción que se encarga de resolver los pleitos contra decisiones de la Administración, se advierte de que aunque ha habido un descenso de asuntos, ha sido hasta un 14 por ciento a los que se registraron hace cuatro años. En esta materia se quedaron un total de 2.558 pleitos todavía en tramitación, frente a las 4.514 demandas que se registraron. Los juzgados contenciosos están en Alicante, pero también se cuenta con sedes en Elche y Benidorm.
En los pleitos laborales, el descenso ha sido del 3,09%, pero hay 11.875 demandas presentadas y un total de 12.321 aun estaban en trámite al final del ejercicio. El juez decano indica en su informe que la carga de trabajo que soportan es el doble de la recomendada por el Consejo General del Poder Judicial. En parecidos términos, se expresa el decano de Elche al señalar que se haya obviado a este partido judicial en la creación de nuevos juzgados de lo Social a pesar de tener una carga de trabajo superior a la de otras ciudades donde sí se van a poner en marcha.
En cuanto a la Audiencia Provincial, el presidente Juan Carlos Cerón indica en la memoria que esta sede está situada «en un edificio antiguo reformado y en el que no existe espacio para más dependencias. Se precisan archivos para causas y piezas, puesto que los disponibles están ya a su máxima ocupación, teniendo que depositarlos en dependencias destinadas a salas multiusos, secretarias y pasillos», poniendo de relieve la necesidad que han tenido en más de una ocasión y que seguirán teniendo a lo largo de todo el año que viene de trasladarse al salón de actos de Pardo Jimeno, en el otro extremo de la ciudad, para celebrar macrojuicios por los problemas de aforo y de salas adecuadas.
Otros datos
El documento recoge otros datos de interés como que en toda la Comunidad se presentaron 14.743 demandas de despidos en los juzgados de lo Social; así como 921 concursos de acreedores.
De todas maneras, se advierte de que las distintas medidas aprobadas por el Gobierno están sirviendo de dique de contención para que estos asuntos acaben en los tribunales. También se han dictado en toda la Comunidad 3.636 ejecuciones hipotecarias y 4.501 lanzamientos, de los cuales 1.620 eran por impagos de hipoteca y 2.675 por el alquiler. En cuanto a divorcios, se registraron 7.128 disoluciones matrimoniales consensuadas y otras 350 separaciones de mutuo acuerdo.
Alerta contra la dispersión de las sedes judiciales
El Tribunal Superior de Justicia alerta en su última memoria del riesgo de la dispersión de sedes judiciales. «No resulta operativa. Además de generar mucho gasto es incompatible con una Justicia moderna», advierte Pilar de la Oliva. En Alicante, las dependencias judiciales se reparten en siete sedes diferentes, casi veinte años después de que se anunciara el proyecto de la Ciudad de la Justicia. Pero, el informe recuerda otros problemas como la carencia de calabozos en los juzgados de Elda, la necesidad de oficinas para el juzgado de guardia de Torrevieja, o Villena, cuyo edificio se califica como «deplorable». De la Oliva recuerda que hay también dispersión de sedes en La Vila, aunque las obras del nuevo podrían acabar en octubre, y que los juzgados de Orihuela también se han quedado pequeños.
