El Gobierno busca empresas para destruir plantaciones de marihuana en Alicante ante la avalancha decomisada

La Policía Nacional desmanteló a principios de noviembre un cultivo de 850 plantas de marihuana en Almoradí. Ese mismo mes fue la Guardia Civil la que se incautó de 495 plantas en Aspe. Hace dos semanas, la Benemérita actuó en una vivienda que tenía unas 300 plantas en El Campello. No hay semana que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no informen de que han puesto coto a una plantación de marihuana. Sean grandes, medianas o pequeñas, sean en viviendas, chalés o casas de campo. Es un goteo constante.

El Ministerio del Interior se encuentra con que no da abasto y tiene problemas para destruir toda la droga incautada en las operaciones. Y busca empresas que se encarguen de ello. Por ello, ha sacado a concurso un contrato de servicios, por valor de casi 400.000 euros, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado.

El desmantelamiento de las plantaciones de marihuana es uno de los grandes problemas logísticos a los que se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Este tipo de cultivos ilegales ha crecido de forma exponencial en los últimos años, tanto en plantaciones de exterior como en indoor, y deben ser destruidas para evitar que lleguen al mercado.

La Guardia Civil desmantela en El Campello una plantación de "maría" domotizada que se gestionaba a distancia

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) apoya a la policía y ha colaborado en el desmantelamiento de alrededor de un millón de plantas en 2022, un tercio del total intervenidas en todo el país.

El desmantelamiento de las plantaciones ilegales de marihuana es una obligación legal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, recuerdan fuentes del Ministerio del Interior, dentro de su misión de recoger los efectos del delito y ponerlos bajo custodia y a disposición judicial.

En el caso de las pequeñas plantaciones, son los propios agentes quien se ocupan de su destrucción, pero en las de mayor tamaño "se ven imposibilitados" dado que "no están preparados ni tienen la maquinaria necesaria" y les restaría tiempo que tienen para su labor de seguridad.

Desmantelan en Aspe una plantación de marihuana en la casa de un británico fallecido en 2022

Por ello, el procedimiento más idóneo es la contratación de empresas, que cuentan con los medios técnicos adecuados, siempre bajo la vigilancia y dirección de las propias fuerzas policiales.

El contrato se ha dividido por lotes, según las zonas geográficas del país que registran mayor incidencia:

• Almería
• Granada y Málaga
• Madrid y limítrofes
• Comunidad Valenciana
• Cataluña

Los trabajos incluyen, según las mismas fuentes, arrancar las plantas, previa extracción de muestras, ensacado y traslado al lugar que determine la autoridad judicial, que puede ser directamente a eliminación o conservación durante el tiempo que se determine, en los términos establecidos en el artículo 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¿Pero cómo se calcula el coste de esos trabajos? El propio Ministerio reconoce la dificultad para poner un precio. Por un lado, el número de plantas no sirve para realizar un cálculo por la "disparidad en el crecimiento vegetativo", ya que hay desde plantones de pocos centímetros a árboles de dos metros.

Por otro, los lugares de ubicación plantean problemas al ser unas zonas son de fácil acceso, pero otras se trata de barrancos o montes sin caminos transitables.

En tercer lugar, los cultivos en invernaderos resultan muy peligrosos para trabajar cuando hay altas temperaturas y hay muchas trabas para desbrozarlos cuando están enredados en mallas plásticas que requieren retirarlos antes.

Huyen por el tejado de un chalé de lujo de Almoradí donde cultivaban 850 plantas de marihuana

Tampoco hay homogeneidad sobre los trabajos, ya que en unas ocasiones la orden judicial es arrancar las plantas y trasladarlas al vertedero, sin triturarlas, y en otras el cometido es la custodia, con lo que se requiere trituración y meter los restos en sacos para evitar la putrefacción y facilitar su traslado.

Así pues, el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha considerado "el único dato objetivo", que son los mozos empleados y el tiempo real de trabajo, por lo que ha consultado el convenio colectivo de jardinería, que establece un precio por hora de 12,80 euros.

Ha subido el precio hasta los 27,5 euros por empleado y hora por el hecho de que "deben tocar y estar en contacto con material estupefaciente y el producto es insalubre por la emanación de gases y olores".

El contrato con la empresa es por un periodo de 24 meses y empezará en febrero, si es que hay mercantiles interesadas. El anterior contrato se licitó a principios de 2022 y hubo uno de los lotes, el correspondiente a Madrid, que quedó desierto.