Pleito entre las exalcaldesas de Sax Barceló y Barceló por unas pistas deportivas

Veintitrés años después de iniciarse un proceso judicial emprendido contra la exalcaldesa popular de Sax, María Frutos Barceló Latorre, por la familia de la exalcaldesa socialista del mismo municipio y exconsellera de Sanidad, Ana Barceló, el juzgado de lo Penal número 5 de Alicante ha iniciado este martes la vista oral para dirimir si cometió un delito de prevaricación al autorizar en 1999 la construcción de unas pistas deportivas en unos terrenos que el Consistorio dijo que iba a comprar a la familia de la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento alicantino, que era propietaria de cuatro fincas en una zona conocida como El Molino.

El Ayuntamiento de Sax, que puede ser declarado responsable civil subsidiario, no llegó a comprar finalmente la finca por 70 millones de pesetas (420.000 euros), como se había pactado, pero antes de rechazar la adquisición se construyeron unas pistas deportivas en terrenos propiedad de la familia Barceló, sin el consentimiento de sus propietarios, según la acusación del fiscal anticorrupción, Pablo Romero.

La exalcaldesa María Frutos Barceló, que no guarda parentesco alguno con la querellante y se enfrenta a una petición de ocho años de inhabilitación para cargo público, ha defendido en el juicio que ella no ordenó que las pistas se hicieran en dicha finca, sino en unos terrenos de otra familia que pasaron a ser municipales tras unas obras de encauzamiento del río Vinalopó. Asimismo, ha señalado que con posterioridad a la memoria que ella aprobó se acordó otra firmada por la alcaldesa accidental María Teresa Estevan Barceló y que la ubicación de las pistas la decidió el entonces edil de Obras.

La defensa de Frutos Barceló cuestiona que la familia de la exconsellera de Sanidad se sienta perjudicada después de haber cobrado del Ayuntamiento cerca de 1,9 millones de euros por la expropiación forzosa de la finca y reclame ahora 300.000 euros más. Sin embargo, la portavoz socialista en Alicante ha sostenido en su declaración que en su día tuvieron que pedir un préstamo de 25 millones de pesetas para cancelar las cargas de los terrenos y que al estar condicionado a la compra de la finca por el Consistorio tuvieron que endeudarse aún más para devolverlo.

Negociación

La acusada ha declarado en el juicio que ella no estuvo en ninguna negociación sobre la compra de la finca El Molino, pero Ana Barceló ha afirmado lo contrario y ha asegurado que lo negociaba con ella y con el secretario municipal. «Lo que hice fue lo que la legalidad exigía», indicó la exalcaldesa procesada, quien puntualizó que el Ayuntamiento nunca autorizó la compra de la finca, solo mostró su voluntad y como no cumplieron los requisitos no se siguió adelante con la adquisición.

Los requisitos, según los querellantes, se limitaban a que estuviesen libres de cargas las cuatro fincas que había en El Molino y así lo hicieron, pero la acusada ha indicado que el acuerdo municipal incluía también que delimitaran las fincas y no lo hicieron, además de tener deudas con la Administración local.

Con posterioridad. la acusada, según la acusación del fiscal, firmó una moción por la que se suspendían las licencias de edificación, parcelación o demolición y usos comerciales o industriales en entorno de la finca El Molino durante un año, «al objeto de facilitar la redacción y desarrollo urbanístico de un programa de actuación integrada (…) a sabiendas de que con tal resolución impedía a los legítimos propietarios el uso exclusivo y la disponibilidad del suelo para llevar a cabo gestiones en torno a la compra-venta a otros posibles compradores». Frutos Barceló ha negado en el juicio que se hiciera para presionar a los dueños e intentar que bajaran el precio.

Por su parte, Ana Barceló ha manifestado que las pistas deportivas están dentro de una de las cuatro fincas de su familia y que el único condicionante planteado por el Ayuntamiento fue que levantaran las cargas previamente, como así lo hicieron. Sin embargo, cuando fue a presentar la documentación le comunicaron que no se firmaría la escritura, sin que haya entendido aún que no se formalizara la operación urbanística.

Una vez accedió Ana Barceló a la Alcaldía de Sax no se desarrolló el programa de actuación integrada en El Molino pero ha explicado en el juicio que no podía hacerlo al ser los terrenos propiedad de sus familiares. «Ese era el castigo que tenía que pagar mi familia», indicó la exalcaldesa. No obstante, cuando dejó el Consistorio la familia solicitó la expropiación forzosa y en sentencia se fijó un justiprecio de casi 1,7 millones, además de 217.000 euros en intereses.