Cinco acusados niegan la venta de comida gratuita para desfavorecidos en una ong en Alicante

Cinco acusados que en su día formaron parte de la ong Plaes Asistencial en Alicante, entre ellos su expresidente, se han declarado este martes inocentes de un fraude de casi 120.000 euros que les imputa la Fiscalía por la presunta venta ilegal de lotes de alimentos que recibían de forma gratuita para repartir entre personas desfavorecidas en la provincia. Los procesados, que están siendo juzgados en la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante, se enfrentan a peticiones de penas de entre 27 meses y cuatro años de prisión por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que les acusan también de falsificar documentos para simular más beneficiarios y recibir más alimentos.

Los acusados fueron detenidos por la Policía en 2019 tras la denuncia presentada por la Subdelegación del Gobierno a raíz de detectar irregularidades la unidad de control del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), del Ministerio de Agricultura y encargada del programa de distribución de alimentos a personas desfavorecidas.

El acusado que fue presidente de la ong ha negado haber vendido entre 2018 y 2019 lotes de comida que recibieron de Cruz Roja y del Banco de Alimentos y sólo ha admitido, a preguntas del fiscal, que al personal que colaboraba voluntariamente en el reparto de los lotes sí se le «premiaba» en ocasiones con comida donada a la ong por empresas privadas.

La ong contaba con locales en Alicante, Mutxamel, Elche y Torrevieja y tenía unos 1.100 beneficiarios de la comida gratuita destinada para personas desfavorecidas. El acusado ha negado haber introducido en el listado de beneficiarios a familias de otras asociaciones con el fin de recibir más alimentos.

Beneficiarios duplicados

Por otro lado, el procesado ha reconocido que podría haber beneficiarios duplicados en los listados pero lo ha achacado a que inicialmente no estaba informatizada la tramitación del reparto. Ha indicado que cada beneficiario firmaba el impreso cuando se le entregaba la comida y ha negado que se falsificaran actas y que vendieran los lotes a precios de entre dos y cinco euros.

Asimismo, ha explicado que recibían dinero de los socios y que cada dos meses realizaban rifas de lotes de alimentos y vendían papeletas para el sorteo con el fin de recaudar fondos para los gastos de la ong de luz, agua y trabajadores. A principios de 2018, este acusado afirma que se marchó a Italia y delegó la coordinación de la ong en su madre y en una sobrina, también enjuiciadas.

El principal procesado niega las irregularidades y achaca la denuncia a una confusión en el cálculo de los lotes repartidos.