Juicio en Alicante: El misterio de los billetes del ascensor del Castillo de Santa Bárbara
La funcionaria municipal juzgada por revender boletos del elevador de la fortaleza lo atribuye a un montaje de compañeros que estos niegan
La defensa dice que si el Ayuntamiento hubiera tenido interés en aclarar lo que pasaba habría preguntado a los usuarios que llevaban los tickets aportados como pruebas
La acusada junto a su defensa y, a la izquierda, el fiscal y el abogado del Ayuntamiento. / Jose Navarro
Si algo quedó claro durante la segunda sesión del juicio que desde este miércoles se está celebrando en la Audiencia Provincial a una funcionaria del Ayuntamiento de Alicante por revender entradas para usar el ascensor del Castillo de Santa Bárbara es que el control sobre la venta y el uso de los boletos no era precisamente el más estricto.
Al menos así ocurría en febrero y marzo del año 2020, fechas en que se atribuye a la entonces interina haber revendido 44 billetes por los que se habría embolsado 118,80 euros cuyo destino eran las arcas públicas, motivo por el que, junto a su condición de empleada pública, la Fiscalía la acusa de un delito de malversación. Le pide 15 meses de cárcel, 2.160 euros de multa e inhabilitación para empleo público durante dos años.
El Ayuntamiento, personado como acusación particular, rebaja a tres meses de multa la petición de pena por un delito de administración desleal. La defensa reclama la absolución.
La acusada niega los hechos que se le atribuyen frente al testimonio de al menos tres de sus compañeros, dos de los cuales dieron la voz de la alarma, y a los que la funcionaria acusa a su vez de haberle hecho un montaje en venganza por un rumor sobre una supuesta relación «secreta» entre ellos cuya propagación le habrían atribuido a ella.
Con todo, el tribunal popular constituido para juzgar estos hechos (que le va a suponer a la Administración un coste de cerca de 3.000 euros) no lo tiene fácil. Los nueve miembros del jurado, a los que este viernes el magistrado Julio Úbeda ha previsto entregarles el objeto de veredicto (las preguntas que han de responder para concluir si la acusada es o no culpable) tienen que debatirse entre creer a la funcionaria o, por contra, a sus denunciantes dado que nadie la vio quedarse con boletos de usuarios del elevador sin rasgarlos, como era preceptivo, ni de revenderlos.
Declaraciones
En su contra pesa precisamente una autoinculpación en el transcurso del expediente informativo que, tras denunciarse a nivel interno los hechos, tramitó el servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante, que dirige Alicia Facorro.
Una declaración que, según precisaron ante el tribunal tanto Facorro como la secretaria del expediente, era la segunda y se realizó a petición de la funcionaria, lo que ella negó ante el tribunal.
La secretaria apuntó que la acusada justificó que quisiera testificar de nuevo «por no tirar por la borda doce años de servicio por haber pasado una mala racha», que «asumía las irregularidades» y, según se apuntó durante la vista, que «no sólo era la reventa sino que también había tenido malas praxis» llegando a usarse el término «coladero».
Su abogado, Guillermo Laureiro, que en su pelea de cada bola provocó momentos de tensión en el interrogatorio obligando a intervenir al presidente del jurado, apeló en su alegato final a la presunción inocencia («un gran muro que tenemos todos y que nos protege contra los abusos», dijo) y destacó que si tanto interés tenía el Ayuntamiento en aclarar los hechos no entendía por qué se pidió a tres funcionarios (dos de ellos los denunciantes) que recogieran los billetes reutilizados y a nadie se le ocurrió preguntar a los que los llevaban de dónde los habían sacado. Nadie en el juicio lo supo explicar.
«¿Por qué tenemos que creer que eran de ella?», dijo el letrado al tiempo que sembró la duda de que cualquiera de los funcionarios del servicio podían haber aportado billetes sin rasgar que se hubieran quedado ellos atribuyéndoselos después a la acusada.
Trabajo fijo
«¿Por qué mi clienta, con un trabajo fijo, se iba a meter en un lío por 118 euros», preguntó también el letrado, quien desoyó todas las explicaciones que se dieron en la sala del motivo por el que ninguna de las declaraciones de la funcionaria en el expediente estaban firmadas. «Era el procedimiento, se firmaban después», reiteraron instructora y secretaria, quienes apuntaron que la acusada había dicho que no rubricaba la segunda declaración, pese a haber pedido ella comparecer, porque le habían aconsejado no hacerlo.
El letrado remarcó al jurado que su clienta, tras estos hechos, no sólo aprobó la oposición de funcionaria sino que sigue trabajando en el Ayuntamiento.
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