Cerca de 3.000 € para juzgar con un tribunal popular una presunta malversación de 118 € en Alicante

Un jurado popular enjuicia desde este martes en la Audiencia de Alicante a una funcionaria municipal acusada de malversación de caudales públicos por haberse quedado supuestamente con 118,80 euros de la presunta reventa de entradas para subir en ascensor al Castillo de Santa Bárbara. El juicio está previsto que se prolongue durante tres días y supondrá para la Administración un gasto de al menos 2.680 euros para los miembros del tribunal popular elegido para la vista y los candidatos que han acudido este miércoles a la selección previa.

Fuentes judiciales han calificado a este diario de "indignante" que este tipo de asuntos deban enjuiciarse con un jurado popular y abogan por un cambio legislativo para evitar estos casos. A los 2.680 euros previstos hay que sumar las dietas en concepto de kilometraje y transporte público si los jurados tienen que desplazarse desde otros puntos de la provincia.

La acusada, que prestará declaración en la segunda sesión del juicio, es una funcionaria de Alicante que entonces tenía como interina una plaza de conserje y trabajaba en el acceso al Castillo de Santa Bárbara a través del ascensor. La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Alicante, sostienen que la acusada, entre los meses de febrero y marzo de 2020, estuvo revendiendo entradas de acceso a las instalaciones del ascensor y se quedó con un total de 118,80 euros que le pagaron 44 turistas que pagaron 2,70 euros cada uno por utilizar el ascensor del Castillo.

El jurado popular deberá decidir si la procesada, cuando estaba en el turno del control de accesos, no rasgaba ni devolvía los tiques que le entregaban los visitantes al entrar en el ascensor que da acceso al recinto, para revenderlos a mano con posterioridad cuando se encontraba en el turno de control de venta de entradas en máquina.

Malversación o administración desleal

La Fiscalía la considera autora de un delito de malversación de caudales públicos, mientras que el abogado del Ayuntamiento ha calificado los hechos como un delito de administración desleal. El Ministerio Público pide en su escrito de conclusiones provisionales que sea condena a 15 meses de cárcel, multa de 2.160 euros e inhabilitación para empleo público durante un periodo de dos años.

Por su parte, el Consistorio reclama que se le condene a una multa de uno a tres meses y ambas acusaciones reclaman que indemnice al Ayuntamiento con los 118,80 euros más los intereses correspondientes.

La defensa de la conserje reclama la absolución y niega las acusaciones contra ella. La procesada prestará declaración este jueves ante el jurado popular.

El fiscal se ha dirigido a los miembros del tribunal popular para explicar la acusación contra la funcionaria y les ha precisado que aunque el caso les pueda parecer "una chorrada" por la insignificante cantidad de dinero no lo es porque se desconoce si con anterioridad se apropió de más dinero. Asimismo, ha añadido que aunque fuera un solo euro es un delito.

El abogado del Ayuntamiento, que acusa a la trabajadora de otro delito, se ha adherido a las manifestaciones realizadas por el fiscal y la defensa ha señalado que todo "es un montaje" y ha apelado a la presunción de inocencia de su clienta para que el jurado la declare no culpable.

La defensa ha insistido en que no hay pruebas contra la funcionaria, que en julio de 2022 consiguió ya plaza fija en el Consistorio, y ha calificado de "rumorología" y "chismología" todo lo referido a la acusación contra la acusada. Ha cuestionado que no se haya identificado a ninguna de las 44 personas a las que supuestamente revendió tiques del ascensor y ha asegurado que la trabajadora no reconoció los hechos en el expediente interno abierto un año después, como afirma el Ayuntamiento.

El letrado ha sostenido que la instrucción de la causa se basó en la versión de otros dos funcionarios que mantenían cierta "inquina" con respecto a la procesada en el contexto de un proceso en el que se iban a celebrar oposiciones para optar a una plaza fija de conserje, a la que iba a concurrir la acusada, dada su condición de trabajadora interina.