Retiran la maquinaria de la finca disputada a golpe de excavadora en Alicante tras volver a paralizar los trabajos la magistrada

La cuadrilla abandona la parcela del Cabo de la Huerta y se lleva los materiales después de que la jueza prohibiera la ocupación del terreno y la destrucción de los elementos

Aspecto que presentaba la finca de Costa Blanca, 50 en la mañana de este viernes, cuando ya se había retirado la maquinaria y la cuadrilla.

Aspecto que presentaba la finca de Costa Blanca, 50 en la mañana de este viernes, cuando ya se había retirado la maquinaria y la cuadrilla. / INFORMACIÓN

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

A primeras horas de este viernes, varias horas después de que la titular del juzgado de Primera Instancia número dos de Alicante ordenara «el cese inmediato con prohibición de ocupación y destrucción física de los elementos radicados en el interior de la parcela sita en la avenida Costa Blanca, 50 de Alicante», la cuadrilla que desde el pasado día 18 venía realizando demoliciones en esta finca cuya propiedad y posesión se está dirimiendo en los tribunales, ha abandonado el terreno llevándose la maquinaria pesada que estaba utilizando así como los materiales no usados.

Se trata de la finca de 4.000 metros ubicada en el Cabo de la Huerta que se están disputando miembros de la familia Boluda, quienes aseguran ser los propietarios y poseedores del terreno desde hace más de medio siglo, y la mercantil Gestipaulista S.L., que afirma haberla comprado.  

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Panorámica de la finca este viernes por la mañana. / INFORMACIÓN

Con el abandono de la parcela, la mercantil, demandada por los Boluda, cumple lo ordenado por la magistrada, que incluso había contemplado la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si hubiera sido preciso, lo que al final no ha hecho falta.

En la resolución, notificada a última hora de la mañana del jueves, la magistrada ordenaba que los demandados en este procedimiento «se abstengan de entrar en la parcela y de llevar a cabo cualquier acto material de ocupación y destrucción de la finca», lo que estaban haciendo desde que, por un error procesal, se anulara la misma prohibición acordada por esta jueza el 15 de noviembre.

Evitar la imposible reversión

A la vista de la actuación de los demandados, de la que el abogado Alejandro Bas, del bufete Ruiz Marco, informó al juzgado, con acompañamiento gráfico de las demoliciones, la magistrada entendió que concurrían las razones para volver a ordenar la paralización de los trabajos por «el peligro» que se corre, en caso de hacerlo, de no poder asegurar la propiedad en el supuesto de que la Justicia le diera la razón la familia Boluda «toda vez que ambas partes litigantes se encuentran incursas en una contienda judicial relativa a la posesión de la finca arrogándose cada una de ellas ya no sólo la posesión del inmueble sino la titularidad del mismo».

El cartel con el nombre de la mercantil demandada que ésta ha instalado en la finca disputada.

El cartel con el nombre de la mercantil demandada que ésta ha instalado en la finca disputada. / INFORMACIÓN

En opinión de la jueza, los demandantes (la familia Boluda) «cuentan con una apariencia de buen derecho de ser los poseedores del terreno discutido puesto que de la documentación aportada se aprecian unos indicios de probabilidad, de verosimilitud de su situación sobre la finca». 

Y entiende que «los actos de despojo y destrucción de los elementos arquitectónicos implican un peligro de que no se pueda cumplir la posible sentencia favorable a las pretensiones de la parte demandante, generando una situación que sea después difícil de revertir».

Nada más tener conocimiento de la notificación del auto, este medio se puso en contacto con la letrada Concepción Ferrández, que representa a uno de los demandados, para conocer su opinión al respecto, pero aseguró desconocer la resolución, contraria a los intereses de su cliente, que esta mañana se ha ejecutado.