Viviana, de una de las fugitivas más buscadas a una mujer libre en Elche

La colombiana Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez fue incluida en 2022 en las listas de los diez fugitivos más buscados difundidas por Interpol, Europol y la Policía Nacional y tras ser apresada en Ecuador, donde se ocultó en la selva, fue extraditada a España el pasado año para ser juzgada por explotar sexualmente a jóvenes compatriotas en pisos de Elche. Ahora, desde finales del pasado diciembre, Viviana está en libertad condicional después de que la Audiencia Provincial le condenara a cuatro años de prisión y acordara en el mismo fallo la suspensión de la ejecución de la pena durante 4 años.

La acusada, defendida por los abogados Roberto Sánchez Martínez y Rebeca García Serna, estuvo encarcelada en España desde finales de marzo hasta el pasado 21 de diciembre. Desde entonces puede disfrutar de su libertad condicional siempre que no vuelva a delinquir en los próximos cuatro años y que realice un tratamiento de desintoxicación de las drogas durante el mismo periodo.

La exfugitiva, de 38 años, ha sido condenada, junto a otros tres acusados, por un delito de trata de seres humanos para la explotación sexual en concurso con uno de prostitución y por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros e inmigración ilegal, según la sentencia dictada por la Sección VII de la Audiencia, con sede en Elche.

Las defensas alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para rebajar las penas a los acusados de 15 y 18 años de cárcel a cuatro y el tribunal les ha impuesto esta condena al aplicarles las atenuantes de adicción a sustancias estupefacientes y la de reparación del daño, ya que antes del juicio abonaron los 18.000 euros de indemnización a una testigo protegida por los daños morales.

El testimonio de esta testigo es el que ha servido para fundamentar la condena a Viviana y a otras tres personas, todas ellas originarias de Colombia, país en el que captaban a las víctimas de la explotación sexual.

Según los hechos probados en la sentencia, Viviana codirigía junto a otro de los acusados una organización criminal que entre 2019 y 2021 se dedicó a la explotación sexual en pisos de Elche de mujeres en situación de necesidad que captaban en Colombia.

Una víctima de la trama que declaró como testigo protegida ya comenzó a ejercer la prostitución en su país, donde asesinaron a sus tres hermanos y fue extorsionada para que saldara la deuda que tenía uno de ellos por un asunto de drogas. Abocada a la prostitución para sacar adelante a su hija y a su madre, la testigo recibió en noviembre de 2019 una llamada de una conocida suya de Colombia que le ofreció contactar con Viviana. Le dijo que le ayudaría a entrar en Europa para ejercer la prostitución y «aliviar su situación de necesidad». Aceptó, dada su dramática situación, y Viviana le ofreció la entrada ilegal en España a cambio de 1.500 euros, dinero que tendría que devolverle ejerciendo la prostitución en una casa de citas.

Otro miembro de la organización no identificado contactó con la mujer en Pereira (Colombia) y le dio reservas de hotel en Madrid y París y documentación laboral para simular un viaje de trabajo. En el aeropuerto colombiano de Pereira le dieron 1.000 euros para acreditar en la frontera que tenía medios económicos y tras llegar a Madrid a mediados de noviembre de 2019 fue trasladada en coche a Elche.

Prostituida nada más llegar a Elche

En el viaje le quitaron los mil euros que le habían dado y a las dos horas de llegar a la casa de citas, donde compartía habitación con una compatriota, ya tuvo que realizar el primer servicio de prostitución. Dos días después, Viviana le comunicó que la deuda de 1.500 euros se había convertido en 3.000 por el precio de los billetes de avión, según se indica en la sentencia.

La testigo protegida tuvo que ejercer la prostitución bajo unas «condiciones abusivas» desde el 14 de noviembre de 2019 hasta principios de marzo de 2020, cuando le dijeron que había saldado ya la «deuda».

El fallo señala que la testigo no recibió dinero alguno por sus servicios. Se lo quedaba todo Viviana y además era obligada por los acusados a estar disponible las 24 horas todos los días de la semana, a cualquier hora. Sólo podían salir una hora al día pero si llamaba un cliente debían regresar. Asimismo, Viviana le descontaba dinero y le aumentaba la deuda a la testigo cuando se negaba a atender las peticiones de clientes que le solicitaban sexo anal o una felación sin preservativo.

La trama usó varios pisos en Elche como casa de citas y de uno tuvieron que mudarse por protestas vecinales.