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a oposición del PP forzó ayer al equipo de gobierno socialista a aceptar la creación de tres comisiones informativas para el seguimiento de otros tantos espinosos asuntos de la gestión municipal. La edil de Unión Pilareña (UP); Pepa Meroño se abstuvo asegurando que lo que hacía falta eran comisiones de "investigación".

El tema que mayor preocupación vecinal ha generado es la anulación de las obras de remodelación de la calle Mayor y la plaza de la Iglesia en el centro de la ciudad. El portavoz del PP, Fidel Ros, exigió que el Ayuntamiento reclame a la empresa que dejó en la estacada a la administración local sin iniciar las obras, Joca, el aval que depositó para ofertar en subasta de 150.000 euros. Dinero con el que se indemnizaría, dijo Meroño, a los comerciantes que rebajaron sus pedidos en previsión de que tendrían las calles levantadas en diciembre. La oposición pidió que las siguientes empresas en ese procedimiento pudieran optar a realizar las obras -valorados en más de cinco millones de euros- y no acumulen más retrasos.

El alcalde, Ignacio Ramos, explicó que la remodelación se va sacar a concurso y basó su decisión en impedir que la mercantil que las realice pueda recurrir a la petición de modificados para encarecer su coste. El primer edil hizo de su propia gestión en este asunto una "autocrítica feroz" en palabras del portavoz del PP Fidel Ros, porque reconoció que no desea para la calle Mayor lo que ha sucedido con la obra del Auditorio que está paralizada años.

La otra gran cuestión de la sesión fue la indemnización de 1,2 millones de euros que debe abonar el Ayuntamiento a un particular en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. El vecino tenía parcelas que consideraba urbanas, pero el Ayuntamiento autorizó a finales de los noventa que fueran incluidas en un plan como si su condición anterior fuera la de no urbanizable. Mientras que el PP exigió que el alcalde, Ignacio Ramos, asumiera la responsabilidad política de la resolución que se suma a otros fallos judiciales como el de la adjudicación de la redacción del PGOU a "dedo", Ramos esgrimió los documentos por los que el alcalde del PP de 1991 dio licencia de obra a los terrenos aludidos con los informes reiterados en contra de los técnicos.

Por otra parte, el concejal independiente Jose Ramón Moya justificó la legalidad del procedimiento de la bolsa de trabajo frente a las acusaciones de irregularidades de la oposición.

A la sesión acudieron los delegados del Comité de Empresa de recogida de residuos STV Gestión que hoy tienen previsto realizar una concentración en el Ayuntamiento a las 16.00 horas.

El alcalde limitó el tiempo de intervenciones a tres minutos "aproximadamente" e incluso anunció la voluntad de elaborar un reglamento del pleno.