San José negocia en Orihuela con decenas de firmas para saldar su deuda con patrimonio

El flamante edificio que alberga la sede de la promotora San José Inversiones registró ayer un goteo constante de representantes de empresas con las que la promotora, que presentó el viernes la suspensión de pagos voluntaria, ha iniciado un proceso de negociación para pagar con patrimonio lo que les adeuda.

Numerosos acreedores se presentaron ayer en las instalaciones de San José, convocados por la propia empresa, para intentar llegar a un acuerdo que cubra la millonaria deuda, según aseguraron ayer representantes de estas firmas acreedoras consultados por este diario. El patrimonio de San José, valorado en unos 300 millones de euros, intentará servir de colchón para calmar los ánimos de los acreedores, así como los de los 900 socios que participan en la firma, quienes se "repartirán" el sobrante de las propiedades una vez se haya hecho frente a la deuda con suministradores, proveedores y contratistas, según indicaron.

El ambiente que se vivía ayer entre los pequeños y medianos empresarios que se personaron en San José no era de crispación, pero sí de preocupación. "El sector de la construcción está muy mal. ¿Quién va a absorber toda esta mano de obra, a nuestras empresas, si cada vez la cosa va a peor?", se preguntaba ayer el responsable de una empresa suministradora. "Al menos San José tiene patrimonio y vamos a ver algo", añadió. Otros acreedores señalaron que la deuda que la empresa tiene se les compensará en propiedades "que hoy en día no valen tanto, pero algo es mejor que nada". Indicaron que las negociaciones que se consigan evitarán reclamaciones judiciales. Así, parcelas, viviendas, bajos comerciales o garajes en diversos municipios se han puesto a disposición de los acreedores para hacer frente a la deuda. Según socios de la empresa, acreedores a su vez de San José, "en poco tiempo" podría estar resuelta la escrituración de estas propiedades adquiridas en compensación a la falta de liquidez de San José que ha motivado la suspensión de pagos.

La deuda con los acreedores está valorada en varios millones de euros. El propio presidente de San José, José Rodríguez Murcia, indicó a este diario que el concurso de acreedores (figura que viene a sustituir la antigua suspensión de pagos); se hubiera evitado con la disposición en líquido de unos 30 millones de euros.

Por su parte, el consejo de administración de San José emitió un comunicado en el que achacó la falta de liquidez de la empresa a la paralización de sus principales proyectos, especialmente el de El Pinet, en Elche, que bloqueó durante un año sus ingresos. Precisamente el asesor jurídico de la constructora San José en Elche, Diego García, aseguró que ésta tiene previsto finalizar la promoción de viviendas unifamiliares del sector MR-9 de El Pinet, donde hay ya unos 350 chalés acabados y en torno a 500 están pendientes de construcción. García matizó que "allí también hay otras promotoras trabajando". El sector MR-9 se encuentra, sin embargo, pendiente de la aprobación del proyecto de reparcelación por parte del Ayuntamiento una vez que los tribunales desestimaron las acciones legales que la asociación Amigos de los humedales llevó a cabo contra el proyecto.

Idearco completará las urbanizaciones habitadas

La promotora Idearco culminará el proceso de urbanización de sus residenciales habitados, según indicó ayer el responsable de la empresa, Eduardo Miralles, a este diario. Miralles aclaró que la empresa sigue trabajando en las urbanizaciones donde ya vive gente, como Vegamar I en Almoradí o el residencial Fontana en Algorfa para acabar "todas las obras de urbanización" pese al cese de la actividad de la firma. Dijo que en el caso de estas dos urbanizaciones falta una calle por completar en Vegamar I así como todo el equipamiento para la instalación del suministro eléctrico en el residencial Fontana de Algorfa, pero que actualmente "se está trabajando en ello para solventarlo porque ha habido problemas puntuales". En cuanto a la deuda que ha dejado de luz en el residencial Fontana, y a la que harán frente los vecinos, explicó que habría que aclarar hasta qué punto tiene la obligación el promotor de pagar la luz y agua de obra por un retraso ajeno a él en las cédulas de habitabilidad.

Miralles achacó el "parón" de la actividad de su empresa a la situación que vive la construcción, que le forzado ha abandonar promociones proyectadas por la falta de ventas.