Urbaser presentó un recurso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 19 diciembre de 2007 que dejaba desierto el concurso para la adjudicación del contrato de gestión indirecta de los servicios municipales de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria.
La mercantil alegó que la convocatoria de un nuevo concurso podría hacer perder al recurso "su finalidad legítima", por lo que pidió como medida cautelar "suspender" las actuaciones para el inicio y tramitación de un nuevo concurso público.
En un auto fechado el pasado 29 de julio y al que hoy ha tenido acceso EFE, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche mantiene que suspender los actos de una posterior licitación no puede tener cabida.
Según explica la magistrada, eso supondría exigir del juzgado la adopción de medidas cautelares de suspensión respecto de actos que "no han sido recurridos" y respecto de los cuales "el demandante no alega haberlos impugnado o que vaya a impugnarlos".
La jueza añade que la "pretensión cautelar excede con mucho de lo que es la resolución recurrida en estas actuaciones", que es declarar desierto el concurso.
Asimismo, indica que "no es conforme al interés general prorrogar de facto sine die el contrato previo hasta que se resuelvan las dos instancias de este recurso", a lo que añade que "más aberrante aún sería dejar sin estos servicios esenciales a los ciudadanos de Orihuela".
Por ello, considera que la demanda de Urbaser es "desproporcionada", e incluso "se revela como innecesaria, porque lo esencial no es que se convoque un nuevo concurso, sino que el mismo se adjudique".
La adjudicación del citado contrato fue paralizado después de que el propietario de la empresa Colsur-Proambiente, Ángel Fenoll, que optaba al concurso, difundiera el contenido de una grabación en la que, supuestamente, el concejal de Centro Liberal Jesús Ferrández decía que Urbaser había ofrecido comisiones a cambio de acceder a la gestión del servicio de recogida de basuras.
Esas grabaciones se difundieron públicamente después de que se conociera que Urbaser era la mercantil que había obtenido una mayor puntuación por parte de los técnicos.
Posteriormente, Fenoll, su hijo y el gerente de su empresa, Francisco Javier Bru, fueron imputados por los supuestos delitos de extorsión, cohecho, amenazas, tráfico de influencias y revelación de información.
Contra la resolución dictada por la magistrada del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche cabe apelación en un plazo de quince días.
