El concejal de Urbanismo de Orihuela, Antonio Rodríguez Barberá, hizo ayer algo inusual porque dio una rueda de prensa para anunciar que la compañía que suministra la demanda energética del municipio -Iberdrola- lleva años sin realizar inversiones, que la actual situación estrangulará el desarrollo urbanístico del municipio (porque no hay más luz a corto plazo) y para decir que, ante esta situación, se "están dejando querer" por otras compañías del sector porque Orihuela, insinuó, es uno de los municipios más "golosos" para las empresas de este sector estratégico de la economía.

El Ayuntamiento e Iberdrola llevan meses negociando las mejoras y, lo que es más importante, quién debe sufragarlas. El Consistorio, así lo explicó el concejal, no está dispuesto a poner un euro sobre la mesa. Rodríguez Barberá salió ayer al paso para que los ciudadanos conozcan la realidad y, si buscan culpables, miren en otra dirección. En total, la demanda de energía eléctrica en Orihuela supone más de 154.689 kilovatios. El pasado 19 de noviembre, Iberdrola explicó al Ayuntamiento por escrito que para atender el crecimiento está prevista la construcción de una estación en Torremendo y otra en Arneva para 2013. La primera sería propiedad de Red Eléctrica y, la segunda, de Red Eléctrica e Iberdrola. Las dos estaciones, además, según los responsables municipales, se situarían sobre un suelo que es "inapropiado" porque es inundable, según el Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre la Prevención de Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana.

Pero en el informe ya se dice que aún y así serán insuficientes y se plantea la ampliación de la subestación de Los Rocamora, en Benferri, y que debería ser sufragada por los agentes urbanizadores, "bien de forma individual o coordinada por el Ayuntamiento". Esto supondría una inversión de 330.000 euros en concepto de participación en las inversiones y por la nueva línea. Iberdrola quiere que el Ayuntamiento se encargue de pagar los costes derivados de esta estación y que después los repercuta en los agentes urbanizadores, algo a lo que no está dispuesto el Ayuntamiento.