El nuevo fiscal Anticorrupción lo de Orihuela, Pablo José Romero, parece que lo tiene claro. Acaba de ordenar la continuación de las actuaciones abiertas en el juzgado de Instrucción 5 contra el concejal en San Fulgencio por AIM (Agrupación Independiente del Mediterráneo), Manuel Barrera, a quien se le imputa la supuesta comisión de un delito de malversación de caudales públicos y otro de fraude y exacciones legales, según los datos recabados por este periódico.

A tenor del escrito del fiscal al magistrado instructor, todo hace pensar que quiere sentar ante un jurado popular al edil, que fue miembro del equipo de gobierno del municipio, por la gestión que realizó al frente de la concejalía de Fiestas. Él lo niega todo; de hecho, llegó a solicitar el sobreseimiento de las actuaciones, pero sus explicaciones, al menos por ahora, no han convencido al representante del Ministerio Público.

Discute

Lo que se discute en este procedimiento, abierto por una denuncia del Ayuntamiento de San Fulgencio, es la gestión económica de Barrera cuando estaba al frente del área de Fiestas y más concretamente, de una serie de cobros por justificar.

Para el equipo de gobierno, Manuel Barrera nunca ha explicado el destino que dio a una serie de gastos generados en las fiestas de la Virgen de la Paz, de la urbanización de La Marina. En la denuncia se explica, siempre según esta parte, que desde el área de Intervención y desde la Secretaría se detectó la existencia de un supuesto cobro irregular de Manuel Barrera por un montante de 6.575 euros y que este dinero nunca llegó a las arcas públicas, pese a que supuestamente procedía de tasas y cánones de ocupación. El Ayuntamiento también ve irregular que se le entregaran tres cheques al portador a Manuel Barrera por valor de 4.700 euros y cuyo destino aún no ha justificado.

Pendientes de la Justicia

Manuel Barrera llegó a ser teniente alcalde de San Fulgencio y a gobernar junto a la socialista Trinidad Martínez para quedar relegado al anonimato meses más tarde después de que se hiciera público un video "trampa" en el que aparecía aceptado sobornos para favorecer una recalificación de suelo. El video era una trampa -por este asunto está imputada Martínez y buena parte del resto de miembros del equipo de gobierno- porque quien le ofreció el dinero era un detective contratado para este fin. La difusión del montaje acabó con su carrera política. Ahora mantiene una agria disputa con la alcaldesa, otrora compañera en el equipo de gobierno, del que no se sabe cómo acabará.