Las asociaciones de propietarios de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor y Sierra de Carrascoy, que agrupa "a unos 1.500 propietarios" de suelo en esta zonas han presentado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una denuncia contra los gobiernos autonómicos de Valencia y Murcia, que se une a una ya abierta en 2009, al considerar que ambas administraciones "trasgreden" las resoluciones del Parlamento Europeo sobre la quiebra de los derechos individuales de los ciudadanos y la aplicación del derecho comunitario al proponer ampliar la protección de las zonas naturales reseñadas en 140 hectáreas "sin abrir expedientes expropiatorios", como en el caso de los terrenos ya protegidos, que compensen a la propiedad privada de las limitaciones de uso a la que se van a ver obligadas por esta normativa.
Arbitrariedad
El abogado que realiza la petición ante la UE, Diego de Ramón, solicita la intervención inmediata del Parlamento Europeo ante esta actitud de ambos gobiernos autonómicos, que mantienen sus propósitos proteccionistas y ampliación para determinados lugares "solamente para justificar el mantener los ingresos de los fondos comunitarios".
"¿Por qué no señalan nuevos espacios de protección en otros lugares?; ¿será porque pueden afectar a planes urbanísticos en zonas que deberían ser protegidas mucho más de las que ya lo están?", se pregunta el abogado.
Diego de Ramón, ante "el incumplimiento de las resoluciones del Parlamento Europeo" de ambas gobiernos autonómicos, solicita que se les retiren los fondos estructurales previstos para estas comunidades, gracias a los cuales Murcia recibirá hasta el 2013 un total de 827 millones de euros y Valenciana, 1.720.
Privada
El letrado reclama que se "castigue" de esta manera a las dos comunidades "por sus continuados abusos", ya que "obtienen cientos de millones de euros de los fondos comunitarios y, en cambio, no indemnizan a sus ciudadanos limitando el uso de la propiedad privada".
Para el letrado, los máximos responsables de los Gobiernos de Valencia y Murcia, Francisco Camps, y Ramón Luis Valcárcel, "que tanta solidaridad piden para sus territorios, también deberían ser solidarios hacia los propietarios de los terrenos que quieren proteger y no incumplir el convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales". Pide también que ambos presidentes sean amonestados por dirigir gobiernos regionales que "no cumplen las resoluciones del Parlamento Europeo" .
