La edil socialista del Ayuntamiento de Alicante, Carmen Sánchez Brufal, exigió ayer al PP una explicación sobre qué sanción se ha impuesto a la mercantil INUSA "por ofrecer a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz la planta municipal de tratamiento de residuos de Fontcalent sin tener autorización del Ayuntamiento y estableciendo un precio inferior al que aplicaba en el año 2007". Una operación "que sirvió a esa mercantil para obtener la adjudicación del contrato relativo a los residuos de la Vega Baja".
Por su parte, el edil de Atención Urbana, Andrés Llorens, aseguró que la acusación es "falsa" y que "el ofrecimiento que realizó la empresa es lícito y también se hizo sobre otras plantas, como las de Xixona, Aspe o Villena". Brufal recordó que ya pidió explicaciones sobre este asunto en abril de 2008, cuando denunció los hechos al consorcio del Plan Zonal XVII por si los hechos "pudieran determinar la anulación de recogida de basura en la Vega Baja, aunque el Consorcio obvió la advertencia". Ahora, dos años después, la edil exigió que se informara sobre si se había impuesto alguna sanción a la empresa por ofrecer la planta de Alicante.
