Más de 200 vecinos de la urbanización Montepinar de Orihuela, según cifras de la Policía Local, se manifestaron ayer por las principales calles de la ciudad para protestar por el proyecto de reurbanización de este núcleo que ha sido aprobado por el Ayuntamiento. Los residentes convocaron la concentración un día antes de que el equipo de gobierno lleve al pleno de hoy la ordenanza que regulará el canon que los propietarios deberán pagar en concepto de las obras, que ascienden a casi 10 millones de euros a repartir entre los dueños de las 220 parcelas, aproximadamente, en las que se divide la urbanización.

El portavoz de la Asociación de Vecinos Afectados por el PRI de Montepinar (colectivo convocante de la manifestación), Ginés Gras, explicó que los propietarios no se oponen al proyecto, sino que quieren que se haga "en condiciones flexibles". Y es que muchos de los afectados no podrán hacer frente al pago de los gastos de reurbanización, según el portavoz. "En Montepinar nos quieren robar", "Barberá en la calle nos quiere dejar" o "Urbanización sí a precios y plazos justos" fueron algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas que portaban y que sintetizaban sus reivindicaciones.

Gras indicó que "los vecinos ya han pagado por servicios" como la instalación eléctrica, el agua potable o la red que recoge las aguas pluviales. Por eso reclaman que el proyecto contemple estas cuestiones y se rebaje el coste total de la obra. Además, los propietarios "dudan de la transparencia del proyecto", indicó el portavoz, quien también señaló que "si ahora Montepinar es una zona atractiva para vivir, no es por el Ayuntamiento".

Las viviendas de la urbanización está en situación irregular desde hace 30 años, cuando se empezaron a vender las parcelas que la constituyen. La extensión afectada por el proyecto es 4.000 metros cuadrados, según explicaron fuentes de la asociación. Tras la ejecución de la reurbanización, todos los terrenos pasarán a tener la calificación de suelo urbanizable, lo que incrementará sustancialmente su valor catastral.

Barberá reitera que se valorarán los servicios

El concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez Barberá, recibió a los manifestantes al término de la concentración. El edil, que ya mantuvo una reunión informativa con miembros de la asociación de afectados hace dos semanas, reiteró su intención de eliminar las partidas que correspondan a servicios ya instalados y que tengan la calidad necesaria para obtener la cédula de habitabilidad. En este sentido, detalló que una de las partidas más elevadas es la correspondiente a la instalación del tendido eléctrico, por el que Iberdrola pide un millón de euros. Según explicó Rodríguez Barberá, el Ayuntamiento negocia el precio con esta compañía, pero indicó que las conexiones al suministro que ya existen en la urbanización pueden ser "insuficientes si se pide un incremento de la potencia" contratada en las viviendas. De este modo, recordó que el Ayuntamiento "diferirá" el pago de las infraestructuras consolidadas. Es decir, los propietarios que hayan edificado en sus parcelas y que dispongan se ciertos servicios, podrán aplazar el pago del equivalente de estas infraestructuras hasta dentro de tres años. El Ayuntamiento adelantará el dinero por los vecinos que opten por esta solución, que será devuelto al Consistorio cuando venza el plazo. Además, el concejal se comprometió a reunirse con los vecinos dentro de una semana para negociar los términos del proyecto y expuso que la reurbanización no ha recibido ninguna alegación, pese a haberse sometido a exposición pública en dos ocasiones. M. L. M.