Alegría generalizada entre los vecinos de la pedanía oriolana de La Murada tras conocer que la Consejería de Presidencia murciana ha decidido obligar al empresario Ángel Fenoll, propietario de la mercantil Proambiente, a cerrar la actividad del vertedero que tiene emplazado entre los municipios de Abanilla y Orihuela durante los próximos 30 años.
Los residentes exigen ahora estudios que garanticen que el subsuelo y los acuíferos de los alrededores de la planta de basuras no han resultado contaminados.
Según apuntaron ayer distintos residentes en la pedanía, la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, acordó el pasado seis de octubre, en base a una investigación abierta a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción y el propio Seprona de la Guardia Civil , clausurar el vertedero durante las próximas tres décadas, prohibiendo así actividades de vertido y eliminación de residuos.
Las distintas asociaciones de vecinos de La Murada, que llevan años luchando contra la "actividad ilegal" del vertedero, mostraron ayer su júbilo tras conocer que vuelven a tener la sartén por el mango. Medio Ambiente les da la razón y las múltiples manifestaciones y actuaciones reivindicativas parecen haber tenido su efecto. Si bien, una cosa es lo que haya dictaminado la Región de Murcia y otra bien distinta la que sucede en realidad. Fuentes cercanas a la empresa Proambiente certificaron ayer que la actividad del vertedero no se ha visto mermada durante las dos últimas semanas y que los operarios continúan trabajando con normalidad.
Seguridad
El alcalde pedáneo José María Almarcha, el geólogo y químico Artemio Cuenca y el presidente de la Asociación Somos la Murada, Vicente Pérez, enviaron ayer un comunicado, respaldado también por otras asociaciones de la pedanía, mediante el cual exigieron que se realicen sondeos a una profundidad de más de 15 metros para certificar si los "vertidos ilegales" que, presuntamente, se hayan realizado en terrenos anexos a la planta, han contaminado o no el subsuelo y los acuíferos de este área.
El documento reza que los hechos hablan del "enterramiento sistemático de basura de todo tipo sin tratar" en "enormes fincas particulares que carecen de las condiciones legales para este fin y que superan con mucho la capacidad de la propia planta de tratamiento de residuos".
Como ya informó este diario hace una semana, y tal y como suscribe ahora el comunicado, el enterramiento de toneladas de basura sanitaria parece haberse llevado a cabo de forma continuada desde hace años en los alrededores de la planta, fincas en las que se han llegado a plantar árboles sobre las montañas de basura. Estos residuos, denuncian los residentes, "afloran en el perímetro de la finca en forma de charcas produciendo un pestilente olor totalmente insoportable".
Por todo ello, han considerado que el mayor peligro reside en el hecho de que el terreno sobre el que se halla la planta de tratamiento y las fincas anexas es de "permeabilidad máxima" y convierten la filtración de estos lixiviados y su arrastre a aguas subterráneas en un peligro que podría tener "consecuencias desastrosas" en los municipios de los alrededores, por lo que exigen responsabilidades.
