El empresario de la automoción Rafael Gregory se acogió ayer a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el juzgado de Orihuela, en calidad de imputado, por la investigación del supuesto amaño de la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja. Hoy es el turno de Enrique Ortiz, cuyo grupo se hizo con la contrata multimillonaria para eliminar los residuos de la comarca en enero de 2008 -sin que ese contrato se haya puesto en marcha desde entonces-. Gregory despachó el trámite formal en diez minutos en el juzgado de Primera Instancia 3 ante el juez que instruye la causa Carlos San Martín y el fiscal Anticorrupción de la Vega Baja, Pablo Romero, y dijo a los periodistas que se había acogido a su derecho a no declarar, sin hacer más valoraciones.
Cohechos
La Policía y la Fiscalía señalan a Gregory como autor de dos delitos de fraude, tres delitos de información privilegiada y dos de cohecho, en relación a esta adjudicación. Gregory mantenía amistad con el expresidente de la Diputación y presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll y llegó a convertirse en representante de las tres protagonistas de la adjudicación -Proambiente -empresa propiedad de Ángel Fenoll y que contaba con parte de los terrenos, Cespa-Ortiz, a la que se contrata el servicio y de la propia Diputación-, según el sumario.
Gregory, mantienen las mismas fuentes, actuó como posible "gestor y testaferro" a la hora de adquirir y abonar supuestamente a Ripoll dos viviendas en Alicante, valoradas en un millón de euros, "en pago a los servicios prestados a Ángel Fenoll y Enrique Ortiz" por el acuerdo de adjudicación del plan zonal de residuos. Además Gregory medió supuestamente con Ripoll para retrasar la adjudicación de ese plan hasta después de las elecciones de 2007 para favorecer los intereses de Fenoll, quien mientras no se adjudicara el servicio mantenía -y mantiene- la eliminación de las basuras de la mayoría de poblaciones de la comarca. También intermedió Gregory, dice la Fiscalía, para que los terrenos en los que se ubicaría la planta estuvieran en suelo propiedad de Fenoll y que se aplicase un sobreprecio a la eliminación de los residuos del Consorcio desde Cespa-Ortiz para pagarlos. Son acusaciones basadas en escuchas telefónicas cuya legalidad sigue en el aire, pero también en seguimientos policiales.
