El camino para solucionar el problema de los residuos en la Vega Baja comienza a despejarse. El diputado del área, Miguel Zaragoza, ha solicitado un informe a los servicios jurídicos de la institución para determinar la solución a seguir, medida que apunta hacia el envío de la basura a las plantas de Fontcalent en Alicante y Xixona, de acuerdo a lo que se estableció en el pliego de adjudicación del Plan Zonal XVII a la UTE conformada por Cespa y Enrique Ortiz en 2008, en el que se recogían estos desplazamientos como medida transitoria para abordar la gestión de la basura mientras se construía el vertedero en Torremendo (que una sentencia judicial trasladó después a Albatera, municipio que ha recurrido la resolución judicial).
La Diputación pretende con esta consulta cerrar la puerta a cualquier incumplimiento legal de lo recogido en dichos pliegos y la necesidad o no de acatar lo que estipulan, y más porque está ante un plan paralizado desde hace más de un año a raíz de la instrucción del caso Brugal, en la que se ha visto salpicado el propio expresidente de la Diputación, Joaquín Ripoll. La institución afrontó ayer las sesiones de constitución de las juntas de gobierno de los diferentes consorcios de residuos de la provincia, entre ellos el de la Vega Baja con la designación de sus integrantes y con la vuelta a este organismo de Torrevieja después de apartarse del mismo por discrepancias con la Diputación.
Una primera reunión en la que también se solicitó un informe jurídico actualizado sobre la situación de los procesos judiciales que afectan a este Consorcio. Tras la reunión, Miguel Zaragoza explicó que la opción del reparto "transitorio" de los residuos a dichas plantas zanjará las dudas sobre la gestión de las basuras de un total de 27 municipios, eliminando futuros problemas sobre unos desplazamientos que ahora se están realizando a la planta de La Murada-Abanilla (Murcia) o a la de Abornasa, en Crevillent.
Zaragoza insistió en que la referencia será el proyecto acordado en 2008, una vez se cuente con esa "valoración de los servicios jurídicos", atendiendo a las premisas de "igualdad en la gestión y de cercanía". Una actuación que separó de manera insistente de la investigación judicial del caso Brugal seguida en los tribunales y en la que "lamentablemente" se ha visto envuelto el plan zonal.
Villena
Durante la sesión de ayer también se atendió el caso de Villena y la necesidad de abordar un proyecto de gestión en el que se delimiten inversiones para poder acometer, en su caso una ampliación. Un proyecto abierto y que tendrá que salir a concurso por lo que no tiene por qué ser Vaersa la que afronte las actuaciones.
La hija de Díaz Alperi, por la Generalitat
Entre los representantes de los diversos consorcios conformados ayer llamó la atención un nombre conocido para la provincia como el de Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, que representará a la Generalitat en los diferentes órganos dado su puesto de directora territorial de Medio Ambiente, un cargo provisional ya que en unos meses abandonará la plaza, una vez se convoque el proceso para cubrirla por libre designación. Entre los puntos destacados, en la reunión del referida al Plan Zonal XIV, a petición de Xixona se solicitó información sobre el proyecto de gestión que afecta a este área. Un proyecto que, según Miguel Zaragoza se encuentra "en su estado final y se aprobará, en teoría, en el próximo Consorcio". Las retribuciones por asistencia a las reuniones de los diferentes órganos generaron también polémica con la propuesta de Orihuela de no cobrar asignación alguna por estas representaciones. Además, los socialistas criticaron la designación de Zaragoza como vicepresidente de los diferentes consorcios, al entender que "este nombramiento puede generar conflictos porque el diputado es también alcalde de Santa Pola, población incluida en el Consorcio de la Zona XVII". N. I.
