El control de las pedanías de Orihuela se ha convertido en una "guerra de guerrillas" entre el grupo municipal de CLR, que controla las infraestructuras que se pueden ejecutar allí; y el PSOE, que gestiona este área sin medios para realizar trabajo u obra alguna. El liberal Pedro Mancebo, quien cedió a comienzos de legislatura esta importantísima área de poder a Antonia Moreno, a sabiendas que allí reside un tercio de la población de Orihuela -más de 25.000 almas- y que ha sido y sigue siendo uno de los principales graneros de votos de la derecha, no está dispuesto, en cambio, a que la socialista tenga éxito alguno y no ha hecho más que ir poniendo "palitos en las ruedas de la gestión", según diversas fuentes consultadas. Al menos hasta ahora.
El PSOE, renunciando a otras competencias, apostó por esta concejalía para poder colocar a personas afines como pedáneos por todas las partidas del término municipal oriolano para intentar sacar, lógicamente, un mejor resultado electoral a partir de ahora y, también, y eso cae por su peso, para controlar movimientos vecinales o reivindicaciones. La realidad es que si los pedáneos no funcionan y las obras que piden no se realizan, pierden el crédito ante sus vecinos. Así ha sido desde que la brigada de Infraestructuras es controlada por CLr que, según diversas fuentes, porque parece que no encuentra tiempo para estos trabajos, aunque los liberales lo niegan. Ante esta situación, Moreno solicitó hace dos meses crear una brigada propia, que dependiera exclusivamente de su departamento para eludir el control de CLr y con ello, en definitiva, tener contentos a pedáneos y, especialmente, a los vecinos. Pero no la dejaron. Cansada de que, incluso, le negaran esa evidencia, los pedáneos comenzaron a presentar sus peticiones por escrito ante el Registro del Ayuntamiento, que tiene que darles una copia. Y aquí ahora han saltado las chispas.
Dar salida
De hecho, el Ayuntamiento de Orihuela tendrá que dar salida ahora a una queja presentada hace una semana por el PSOE contra funcionarios del propio departamento municipal después de que se haya denegado a varios pedáneos presentar allí sus reivindicaciones, solicitudes de mejora para las partidas, etcétera. El argumento que se esgrimía ante estos representantes vecinales es que al ser personas relacionadas con el Ayuntamiento de la ciudad tenían que realizar cualquier petición a través de un trámite interno y no público.
¿Qué quién dio la orden para que un funcionario se niegue a recibir el escrito de un ciudadano? Esa es una de las principales cuestiones que tendrá que resolver el alcalde, Monserrate Guillén, quien tiene sobre la mesa una nueva "patata caliente" sobre las relaciones entre sus socios de gobierno.
