El Parlamento Europeo ratificó ayer con una aplastante mayoría el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos sin que el voto negativo en bloque de los eurodiputados españoles pudiera cambiar la situación.
El acuerdo, contra el que protestaron hasta el último minuto los agricultores españoles, recibió 369 votos a favor, 225 en contra y 31 abstenciones.
De hecho, los productores españoles ya han anunciado que recurrirán el nuevo acuerdo agrícola con Marruecos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las consecuencias que tendrá su aplicación, entre ellas la pérdida de empleo y el agravamiento de la crisis.
El convenio ratificado ayer por el PE significa la liberalización de la mayor parte de la huerta marroquí y un aumento en las cuotas de entrada de productos especialmente sensibles para los agricultores españoles de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Canarias, como tomate, calabacín, pepino, ajo, fresa o clementina.
Los grandes grupos de la Eurocámara, así como también la Comisión Europea y el Consejo (en el que Francia tomó una posición especialmente activa), consiguieron imponer su sí a un acuerdo que enmarcan "en el contexto del apoyo de la UE a la primavera árabe", tal y como señala una resolución conjunta de los grupos. Los partidarios del acuerdo también destacan que pese a las preocupaciones que pueda representar para algunos agricultores europeos, la liberalización también beneficiará a los productores de carne, leche, cereales y conservas europeos en sus exportaciones al vecino africano.
En el acuerdo no se concretan posibles compensaciones para la huerta española, una de las más afectadas, como pedían los eurodiputados españoles, entre ellos la socialista valenciana Josefa Andrés en un enmienda.
El Gobierno y el principal partido de la oposición se han reprochado mutuamente en el Congreso de los Diputados la responsabilidad de no haber impedido la firma del acuerdo agrícola, que todo el sector hortofrutícola español rechaza.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, afirmó que fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien "dio su visto bueno" al acuerdo en 2010, mientras que la diputada del Grupo Parlamentario Socialista María José Rodríguez recriminó al Ejecutivo que haya tenido mayor "contundencia" en el caso de los "guiñoles" franceses que contra el pacto con Rabat.
La organización agraria COAG presentará el citado recurso al considerar que la ratificación del acuerdo es un "duro mazazo" para el campo español, ya que hipoteca el futuro de 250.000 explotaciones hortofrutícolas y amenaza 450.000 puestos de trabajo y más de 8.500 millones de euros en exportaciones al año.
"No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo como la UE abandona a su suerte a los productores de frutas y hortalizas españoles, facilitando la entrada sin control de productos marroquís cultivados con sueldos de miseria, con nulas garantías sociales para los trabajadores y con la utilización de fitosanitarios para el tratamiento de plagas prohibidos hace décadas en la UE por su agresividad", afirmó el responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora.
Las organizaciones AVA-ASAJA y La Unió denunciaron que el acuerdo comercial agrícola se ha realizado "de espaldas al sector" y su impacto será "devastador" para la agricultura valenciana.
ASAJA calcula que el acuerdo provocará el abandono de 16.000 hectáreas y la pérdida de 200 millones y 640.000 jornales en la Comunidad Valenciana, y acusó a la UE de "alta traición" a la agricultura mediterránea.
