Seis años después de que la Guardia Civil comenzara a investigar las supuestas irregularidades en la gestión municipal durante el mandato como alcalde de Bigastro de José Joaquín Moya (PSOE) las fuerzas de seguridad continúan tirando del hilo y solicitando nueva documentación al Ayuntamiento y a los imputados. La policía judicial acudió ayer al domicilio particular del exalcalde José Joaquín Moya (PSOE) con dos objetivos: El primero, notificarle una nueva declaración como imputado para el 28 de este mes en relación a la investigación del ingreso de fondos municipales en una revista comarcal; y, por otra parte, para solicitarle documentación relacionada con ésta y otras piezas desglosadas por el juzgado de Primera Instancia 3 (antiguo mixto).
Aunque Moya no quiso hacer declaraciones a este diario, ni que su letrado se pronunciara sobre este asunto, fuentes cercanas al excargo socialista explicaron que en ningún caso se trataba de un registro a su vivienda. Los agentes permanecieron en el inmueble tres cuartos de hora. Además de Moya han recibido esa citación como imputados el edil que lo sustituyó como alcalde Raúl Valerio Medina, el exsecretario municipal y otro funcionario, además de antiguos trabajadores de la revista que acudirán como testigos.
El Ayuntamiento ingresó, cuando Moya era alcalde, 164.620 euros a través de pagarés y talones en una mercantil dedicada a la edición de una revista comarcal de la que el propio Moya era socio y administrador.
Pagarés
Además los juzgados de Orihuela han intensificado en las últimas semanas las pesquisas relacionadas con la emisión de pagarés por parte de Moya y rubricados por los dos claveros municipales, el exsecretario municipal Antonio Saseta y la entonces tesorera, la exedil Mari Carmen Grau. Todo coincidiendo con la aceptación de la personación del Ayuntamiento, ahora gobernado por el PP, como acusación en el procedimiento y cuya ramificación más conocida es la adquisición por parte del empresario Manuel Nortes de un todoterreno que regaló al exalcalde. Al Consistorio, desde enero hasta la fecha, han llegado varias reclamaciones de expedientes por obras pagadas por las arcas municipales al citado empresario que han sido respondidas asegurando que no hay ni rastro de esos expedientes en el archivo. En febrero la juez decidió sumar a la imputación por cohecho a Moya por este asunto la de malversación y fraude. Las dos investigaciones citadas forman parte de la media docena en las que se desglosó la causa en su día, alguna de ellas, como es el caso de la instalación de tanques de combustible en una zona verde, está pendiente de juicio y en la que la Fiscalía pide 5 años de cárcel a Moya.
177.000 euros en obras que no están y un Tuareg
La investigación de nueva documentación económica se deriva de la anterior imputación por cohecho contra el exalcalde y dos empresarios, Manuel Nortes y José Almarcha, que recibieron seis pagarés dotados con cerca de 60.000 euros a la empresa Torrebir, unos pagos que, según la propia declaración de Moya en 2008, se habrían utilizado para comprarle un vehículo todoterreno (WV Tuareg) valorado en la misma cantidad que acabó en manos del exregidor. Además, otra veintena de pagarés entregados a la misma mercantil suman otros 117.000 euros que se destinaron a pagar obras y servicios efectuados en Bigastro sin que la Guardia Civil encuentre expedientes que los avalen. Ambos empresarios declararon en febrero. D.P.
