El gobierno tripartito de Orihuela (PSPV-PSOE, Els Verds y CLR) tiene la intención de poner en conocimiento de la fiscalía los expedientes de infracción urbanística y delitos contra el territorio incoados por el consistorio.

Así lo ha anunciado hoy, en rueda de prensa, la concejala de Planificación y Proyecto, la socialista Antonia Moreno, quien ha especificado que esos expedientes corresponden al periodo comprendido entre junio de 2007 y julio de 2010, cuando gobernaban los populares.

Según Moreno, "Orihuela es una de las ciudades con más delitos urbanísticos que se conozcan en toda la Comunitat".

De acuerdo con un informe facilitado por el actual ejecutivo local, durante el gobierno del PP se habría cometido un total 1.256 infracciones urbanísticas por viviendas ilegales.

El mismo informe muestra también que sólo se habría tramitado el expediente de restablecimiento de la legalidad de 101 casos y únicamente en siete ocasiones se habría terminado de cumplir la ley con la orden de demolición, aunque ésta no se habría llegado a ejecutar.

"En ningún caso se ha cumplido la ley", ha asegurado Moreno.

Según la socialista, "el primer paso habría sido comunicarlo a las compañías suministradoras de luz y agua, y el segundo, inscribir en el registro de la propiedad esas infracciones urbanísticas con el fin de constar en las escrituras".

Moreno ha asegurado que el gobierno tripartito está cumpliendo la ley en esa materia y, al mismo tiempo, trata de dar solución a esos 25 años de presuntas ilegalidades urbanísticas que, según la edil, "han llevado a la gente a una situación de inseguridad jurídica".

"Lo único que les interesaba era recaudar, sin importarles lo que ocurría con nuestro territorio, con el suelo no urbanizable. Sólo buscaban cobrar multas", ha manifestado la concejala socialista, en referencia al mandato popular.

Tras afirmar que el Ayuntamiento ha llegado a ingresar tres millones de euros al año por infracciones urbanísticas, Moreno ha propuesto la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir, como único punto monográfico, sobre las viviendas ilegales.

También ha instado a los populares a hablar sobre las infracciones urbanísticas tramitadas o no, y de las que se han archivado y que corresponden a pedáneos, antiguos pedáneos o concejales del PP de la pedanía de Molins.