Un intento de desahucio que llegó en el momento más inapropiado. Mientras una madre de familia permanecía ayer ingresada en el Hospital Vega Baja para dar a luz a su segundo hijo, una comisión judicial flanqueada por agentes de la Guardia Civil se dirigía a su casa para desalojar a su marido, en paro desde que en 2008 sufrió un accidente laboral con secuelas físicas que todavía arrastra hoy, y su hijo de cinco años, que está a la espera de que le operen del corazón. La solidaridad de sus vecinos y la movilización de la Plataforma Stop Desahucios de Almoradí consiguió que finalmente se dictaminara un respiro de algo más de dos meses hasta que se haga efectiva la nueva orden de desahucio. Nueve semanas en las que esperan conseguir ayuda para acceder a un alquiler a bajo coste que permita al bebé de la familia pasar su infancia bajo techo.
Su situación es similar a la de tantas otras familias de inmigrantes que decidieron venir a España en busca de un futuro más próspero. En 2005, Mohamed firmó un crédito con la Caja Mediterráneo (CAM) de 72.000 euros para adquirir una vivienda en propiedad. Trabajaba desde hacía cinco años en una empresa de cítricos ubicada en Orihuela. El hecho de no tener contrato no supuso impedimento alguno a la hora de firmar la hipoteca.
Todo iba sobre ruedas hasta que en 2008 este marroquí sufrió un accidente laboral tras precipitarse desde un andamio. El percance sorprende si se tiene en cuenta que su trabajo no comprendía labores de albañilería. Según dijo ayer, su empresa estaba realizando algunas obras de reparación en las instalaciones y le instó a echar una mano a los obreros. Fue entonces cuando empezó su calvario. A cambio de fingir que se había precipitado desde un árbol, su empresa le dio de alta en la Seguridad Social, pero a los pocos meses, y tras una operación quirúrgica que no tuvo el resultado deseado, y que hay que repetir, acabaron despidiéndolo. En la actualidad se cumplen casi tres años desde que esta familia hizo frente por última vez a los recibos de su hipoteca, que empezaron costando 310 euros y acabaron superando los 400.
Plataforma
A través de un compatriota, Mohamed se puso en contacto con la plataforma Stop Desahucios, que se movilizó desde primera hora de la mañana de ayer concentrándose junto a su puerta para evitar el desalojo. A la llegada de la siempre temida comisión judicial, los portavoces de la plataforma se encargaron de explicarles la situación de esta familia. Pocos minutos después, llegaba la noticia de que la orden de desahucio se posponía hasta el 21 de junio. Y llegaron los aplausos de júbilo.
La acción de los integrantes de Stop Desahucios no acabó con la concentración para evitar el desalojo. Una vez conseguida la moratoria de desahucio, acompañaron a Mohamed y su hijo a las dependencias de Bienestar Social de Callosa para solicitar ayuda. Salieron muy agradecidos por el "buen trato" recibido y la predisposición a ayudarles a buscar un alquiler social a bajo coste así como a formar parte de un programa para recibir alimentos.
