El concejal de Seguridad, Eduardo Gil Rebollo (PP), anticipó ayer que el Ayuntamiento va a mantener su actual línea de contundencia a la hora de impedir la venta de productos falsificados en el centro de la ciudad y descartó cualquier tipo de reunión con los representantes del colectivo de senegaleses que ejerce la actividad. Mientras tanto, Omar Diaw, presidente de la Asociación de Senegaleses, con 200 miembros solicitaba lo contrario: que se abra una vía de diálogo para que la situación no se deteriore "y estalle", dijo, antes del verano. Todo tras el episodio del miércoles en el que medio centenar de senegaleses protestaron por el arresto de otro, lo que hizo necesaria la intervención de 30 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

"¿Alguien permitiría que un español vendiera productos falsificados en la calle?", se preguntaba ayer Eduardo Gil. "No vamos a perseguir a nadie ni se ha requisado ningún material, pero cada vez que se vea la venta ilegal la vamos a intentar impedir", aseguró el concejal. Además aprovechó la ocasión para felicitar a la Guardia Civil por el trabajo realizado durante esos incidentes en los que se cortó durante una hora uno de los carriles de la Avenida de la Libertad. "Y -añadió- no nos vamos a sentar con quienes venden productos ilegales", dando a entender que con otros intentos anteriores lo único que se consiguió fue consolidar la actividad de los "manteros".

Diaw, por su parte, alega que sigue recabando datos sobre lo sucedido, pero dejó claro que no hubo una convocatoria previa de vendedores para "montar" una manifestación, algo que pudo confirmar este diario en fuentes policiales. Varios subsaharianos que estaban vendiendo ayer en el paseo aseguraron al diario que fueron los agentes de la unidad del GRO de la Policía Local, "los que identificaron a una persona que no llevaba mercancía" y citaron un video en el que se muestra una supuesta agresión. Diaw se muestra prudente sobre esta versión y explica que en cualquier comunidad "puede haber dos o tres que vayan por su cuenta" pero insiste en que la solución a la venta irregular de mercancía, "nunca será policial porque esta gente tiene que comer, pagar su alquiler y dormir en alguna parte" y no tiene alternativa a lo que hace. "Antes de la crisis el 60% trabajaba en la agricultura y en otros sectores. Ahora nada". Sobre este último aspecto Gil Rebollo matizó que en España hay "cinco millones de españoles parados" y dijo que no es una competencia municipal "solucionar ese problema. Lo que tenemos es que cumplir las ordenanzasque prohíben la venta de productos falsificados".

Consecuencias graves

Diaw, además, instó públicamente a las autoridades a negociar distintas vías para solucionar el problema y que no pasen por la actuación policial porque "algún día puede pasar algo grave. Si un vendedor echa a correr y él o el policía que lo persigue se llevan por delante a un niño, ¿quién va a ser responsable?. Queremos hablar para saber cómo afrontar el verano y que no ocurran cosas muy graves porque esto está a punto de estallar", aclarando que los miembros de la asociación ya pararon una protesta espontánea cuando la Guardia Civil detuvo a 70 vendedores poco antes de la Semana Santa. "Hay muchas formas de hacer las cosas. Se puede ir a lo "rambo", cometiendo abusos, o hacerlo bien. Detienes a alguien y le dices a tu Gobierno que lo mande a su país. Lo que no tiene sentido es que se detenga a la gente y salga (en libertad) y todo el tiempo así". El edil replicó que tampoco forma parte de su trabajo la aplicación de la Ley de Extranjería.