El concejal aclara que la información es pública pero antes de acceder a ella hay que solicitarla por los cauces establecidos. Es decir, ningún funcionario puede facilitarla sin no se ha pedido. Se trata una actuación sin precedentes en la gestión municipal y la primera de la que se tiene constancia que tiene como objetivo investigar cómo una información ha llegado a la oposición. Desde el principio del mandato el equipo de gobierno del PP ha expresado sus sospechas y preocupación por el hecho de que la oposición manejara información, que aunque es pública -incluso facturas- no se ha solicitado formalmente y se ha obtenido por otros conductos, aunque es algo que no ha probado. De hecho, esos grupos lo que sostienen es que durante este mandato se trabaja de otra forma para dar con esa información, y también es cierto que, en algunos aspectos el equipo de gobierno intenta que sus mensajes sobre la "transparencia" en la gestión tengan un reflejo real. El edil pidió al interventor aclarar si los socialistas pidieron esa información, cómo se tramitan las facturas, aclarar las "dependencias municipales por las que transcurren las mismas" y el "lugar donde se custodian los justificantes citados".

El interventor le respondió en el mismo día en el que se le pide que no tiene "conocimiento" de que los socialistas hayan solicitado los datos. A continuación se extiende en la tramitación que llevan esas facturas y concluye indicando que todas las inferiores a 3.005 euros y las que soportan contrato, "se custodian en intervención desde el momento en que están preparadas para su transferencia bancaria y después de haberla realizado".

El funcionario apostilla que "resulta curioso que las facturas a las que se hace referencia hayan sido tramitadas en fechas diferentes pero hayan sido abonadas por transferencia, todas ellas, junto a otras, el 31 de octubre de 2011, que fue el momento en el que pasaron a formar parte de un expediente". El edil ha solicitado este informe para defender a sus funcionarios porque la falta de custodia de documentación podría constituir delito, aseguran fuentes del equipo de gobierno del PP. La indagación del edil tiene sentido teniendo en cuenta que la facturación de 2011 han sido difundida por el PSOE y ha causado cierta polémica. Por ejemplo, con las facturas que indican que las pruebas de vestuario, maquillaje y peluquería durante ocho días de la presentadora del evento costaron más de siete mil euros.

Los datos estaban

en el informe sobre la morosidad

Ni filtraciones de facturas por parte de funcionarios, ni datos de la liquidación de los presupuestos de Habaneras de 2011. Los detalles que ha ofrecido la oposición sobre los gastos de la pasada edición del Patronato de Habaneras surgen de una solicitud formal cursada el 12 de abril para que se le facilitaran, en cumplimiento de la Ley de Lucha Contra la Morosidad, los informes económicos y facturas pendientes de cobro en el Ayuntamiento. Documentación que llegó con el visto bueno de Intervención a la oposición antes del pleno que se solicitó para debatir el estado de las cuentas municipales y que no se pudo explicar porque se dio cuenta de los informes sin leerlos y sin que se pudieran debatir. Algo que decidió el alcalde, Eduardo Dolón (PP), lo que provocó la expulsión de una edil y la salida de la sesión de la oposición. No hay "topo" -en este caso-. D.P.