El pleno extraordinario y urgente previsto para ayer para incorporar o no al presupuesto de 2012 las 3.415 reclamaciones presentadas por el PP y Claro en nombre de más de mil ciudadanos se suspendió después de que los populares conociesen un informe de Intervención que las desestimaba todas. El PP y el edil no adscrito Bob Houliston, que tienen mayoría, votaron en contra de la urgencia de la comisión informativa previa al pleno y por lo tanto no hubo dictamen, de modo que el pleno se suspendió apenas unos minutos antes de la hora prevista. Dadas las circunstancias, el PP y Claro habrían tenido que votar en contra de un informe técnico para poder sacar adelante las reclamaciones con las que pretendían modificar el presupuesto. Ambas partes (gobierno y oposición) dieron sendas ruedas de prensa para intentar explicar por qué el otro está cometiendo una irregularidad. Se citaron leyes, artículos, jurisprudencia y argumentos legales completamente contradictorios.

Básicamente, la posición del PP es que el informe del interventor municipal es poco concreto, interpreta erróneamente la ley y se limpia de un plumazo, "sin motivarlo suficientemente", las casi 3.400 reclamaciones por defectos de forma. "No nos creemos que todas tengan algún defecto", dijo ayer el concejal del PP Antonio Rodríguez Barberá, quien además se quejó de que el informe les fuera entregado a las 15.30 horas del jueves. El PP sostiene que ahora el tripartito quiere dar por aprobado el presupuesto "por silencio administrativo negativo" sin volver a llevarlo a pleno, cuando después de estimar o desestimar las alegaciones es obligatorio someter a votación la aprobación definitiva, una votación que el gobierno perdería porque está en minoría (11 contra 14).

Muy distinta es la versión del edil de Hacienda, Juan Ignacio López-Bas (CLr), que dijo ayer que el error de base del PP es que cree que se está siguiendo un procedimiento ordinario cuando no es así, porque el alcalde se sometió a una cuestión de confianza vinculada al presupuesto para que se aprobara tras 30 días sin recibir una moción de censura (en definitiva, una vía alternativa prevista en la ley). Es entonces cuando se abre un periodo de 15 días para reclamaciones pero solo para tres tipos de sujetos y con tres supuestos: Por un lado, hay que ser habitante, no serlo pero motivar por qué el presupuesto te afecta o ser una organización (en eso, dice López-Bas, hay muchos defectos que se han pasado por alto); por otro lado solo se puede reclamar porque haya un defecto en la elaboración y tramitación del presupuesto, porque no haya crédito suficiente para obligaciones contraídas o porque haya más gastos que ingresos.

Ninguna de las reclamaciones va en ese sentido, porque se refieren a asfaltar una calle, podar un seto o construir un auditorio. Eso no son reclamaciones, dice López-Bas, sino decisiones de ejecución presupuestaria que competen al concejal responsable de cada área.

El portavoz de Los Verdes, Manuel Culiáñez, consideró que si el PP pensase en el interés de Orihuela habría presentado enmiendas en su día y no ahora reclamaciones "que no van a ningún sitio". Consideró que la estrategia es eternizar y poner trabas para que el tripartito no pueda gestionar su propio presupuesto y tenga que seguir con el de 2011 prorrogado.