La formación política Compromís exigirá a la Generalitat que "actúe" y resuelva el asunto de los vertidos del vertedero del pedanía oriolana de La Murada para "frenar la contaminación de los lixiviados" y diferentes residuos, y evitar el posible "riesgo de incendios".
Así lo ha anunciado hoy a los periodistas el diputado verde de Compromís en Les Corts Juan Ponce durante su visita a algunas zonas afectadas por los vertidos en Orihuela (Alicante), junto al presidente de Vertivega, Vicente Pérez, y el responsable de Medio Ambiente de Compromís per Alacant, Luis Falcó.
El vertedero, ubicado en las lindes de las provincias de Alicante y Murcia, es propiedad de la firma Proambiente, vinculada a la familia del empresario Ángel Fenoll, uno de los imputados por el caso 'Brugal'.
Ponce ha revelado que también tramitará el apoyo de su referente en el Parlamento Europeo, el Partido Verde Europeo, para que la principal fuerza ecologista en el continente participe en la búsqueda de soluciones "al atentado medioambiental" que, en su opinión, "han sufrido los vecinos de La Murada y de toda la Vega Baja".
Ha calificado de "descomunal" la cantidad de terreno que ocupan los vertidos, al tiempo que ha asegurado que la única solución es "restaurar los terrenos, devolverlos a su estado original y que los responsables pasen por los tribunales".
"Está claro que un empresario está actuando" presuntamente "de forma ilegal, por encima de la justicia y de la Generalitat", ha opinado.
Ponce ha expuesto la posibilidad de, una vez extraídos los vertidos, "impermeabilizar los terrenos, siguiendo la normativa vigente, y recolocar así los residuos".
No obstante, ha considerado "necesaria una actuación inmediata" porque, a su juicio, "resolver este problema es una hipoteca que durará décadas y que afectará a todos los habitantes de la comarca" de la Vega Baja.
Ponce ha indicado que los vertidos están junto al Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Sierra de Abanilla (Murcia) y ha estimado que "la magnitud de esta agresión medioambiental y a la salud de las personas hace necesaria la implicación de la Unión Europea".
"El caso de los vertidos ilegales de La Murada es el máximo exponente de las nefasta y opaca gestión que se ha hecho de los residuos en nuestro territorio durante los últimos años", un asunto en el que, a su parecer, "se han primado los intereses particulares a los de las personas y del Medio Ambiente", ha apuntado.
"De esta forma -ha dicho- se ha puesto en serio peligro el futuro de nuestra tierra y nuestra agricultura, afectando también a nuestra salud".
Por su parte, el Ayuntamiento de Orihuela proseguirá con los "expedientes sancionadores y las medidas cautelares" tomadas contra la mercantil Proambiente, según ha anunciado, en rueda de prensa, el concejal de Urbanismo, Antonio Zapata (PSPV-PSOE).
Zapata ha señalado que se debe "respetar el cese de actividades en las instalaciones clausuradas de forma cautelar".
El edil ha calculado que el expediente estará resuelto, incluidas las alegaciones presentadas al mismo, en el plazo de un mes aproximadamente.
El pasado 23 de julio, el consistorio oriolano anunció que había abierto siete expedientes sancionadores a Proambiente por realizar actividades supuestamente sin licencia en la parte del vertedero que explota y que se encuentra en el término municipal de Orihuela.
