El PSOE y APSFU han denunciado al alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez (PP), de "trasladar de manera precipitada y en horario intempestivo el vertedero" a otra ubicación, en la calle del Bosque, que podría estar protegida por Medio Ambiente, "tratando de ocultar la ingente cantidad de residuos triturando y enterrándolos con la idea de hacer desaparecer los plásticos y demás residuos no degradables". Los grupos de la posición estudian ejercer acciones penales contra Ramírez y el concejal de Parques y Jardines Paulino Herrero por un presunto delito ecológico.

Los dos partidos aseguran que el alcalde "está destruyendo una zona de gran valor y transformándola sin licencia en un vertedero ilegal". La parcela está situada dentro de una gran área protegida y de alto valor ecológico, además de ser una zona inundable, según estos dos partidos. La creación de este nuevo vertedero "ha llevado a la destrucción de arbolado y plantas autóctonas, además del perjuicio creado a la fauna del entorno".

El alcalde negó las acusaciones asegurando que "todo lo que se hace en el Ayuntamiento siempre se cuenta con los técnicos municipales y los abogados". El regidor confirmó que el departamento técnico ha redactado un informe "que avala la actual ubicación del punto limpio de podas de urbanización Marina".

Para Ramírez el fondo de la cuestión reside en que la oposición "no sabe cómo justificar los 92.500 euros al mes que costaba la contrata de mantenimiento y recogida de podas, que ahora cuesta 47.000 euros al mes e incluso con más personal, supone un ahorro anual de 540.000 euros". El regidor añadió que "el pueblo no entiende cómo se estaba pagando tanto por un servicio menos completo" y añadió que va a mantener junto con el concejal de Urbanización Marina una reunión con los vecinos para informar de las actuaciones que ha tomado el Ayuntamiento en relación al tratamiento de podas, así como desechar la idea de que el acopio de restos vegetales es de carácter permanente.