Si los técnicos de Urbanismo se dieran una vuelta en silla de ruedas por las obras antes de recepcionarlas verían mejor las deficiencias, y si lo hicieran los funcionarios de la Unidad de Actividades detectarían muchos más incumplimientos en los comercios locales, que son un verdadero territorio vetado a las personas con discapacidad. Son sugerencias de la asociación Orihuela Sin Barreras, que lucha por la eliminación de obstáculos arquitectónicos para favorecer la independencia de las personas con movilidad reducida.

Los beneficiarios de sus constantes reclamaciones son todos los vecinos, algunos por discapacidad y otros porque puedan necesitar muletas por una lesión, un bastón por motivos de edad o un carrito si tienen niños a su cargo.

Los miembros de Orihuela Sin Barreras valoran que "vamos para atrás". La nueva legislación en materia de agilización de licencias municipales ha empeorado las condiciones en las que abren los comercios al público. Ahora basta una declaración responsable del emprendedor, y si en el plazo de un mes no hay una inspección la licencia se da por aprobada, dicen.

"No hay brigada de inspección o, si la hay, no funciona, porque se ha producido un grave retroceso en un apartado ya de por si deficiente", dice la asociación, que preside Carmen Díaz. Los comercios son un "punto negro" en materia de accesibilidad y basta fijarse un poco: En Orihuela hay más tiendas y oficinas con un escalón en la puerta que con una rampa, a pesar de que es obligatoria.

Las obras públicas no son una excepción, y la agrupación asegura que en los últimos meses se han recepcionado varias obras (como el acerado de Correntías) claramente deficientes. Garantizar la accesibilidad no sería caro, dicen, si las obras se hicieran bien desde el primer momento. Lo contrario obliga al Ayuntamiento a gastar dinero en remodelar.

No se trata de que haya o no fondos sino de cumplir la normativa, recuerdan. Precisamente el Ayuntamiento tiene un completo plan de mejora de la accesibilidad guardado en un cajón porque el gobierno y la oposición no consensuaron cómo pagar los 300.000 euros que costaban las obras. El único aprobado se lo lleva Cultura, que sí ha mejorado el acceso a salas museísticas este último año.