La más que probable celebración del juicio el año que viene por los vertidos contaminantes al río Segura procedentes de Murcia y Alcantarilla entre los años 1999 y 2003 ha llevado a la asociación Pro Río a presentar el pasado lunes una petición al juez para que reclame a los 27 ayuntamientos de la Vega Baja una valoración de los daños causados por el mal estado del caudal a su paso que, según el fiscal, llegó a afectar a verduras y hortalizas de esta huerta alicantina hasta el punto de resultar perjudiciales para la salud.
La asociación Pro Río, que ejerce la acción popular en esta antiquísima causa abierta contra cuatro exresponsables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) solicita al juez del juzgado de Instrucción número 4 de Murcia que lleva el caso que reclame a los 27 municipios de la Vega Baja, a través de sus concejalías de Medio Ambiente, una valoración económica de los daños producidos por el agua contaminada desde los años 1999 hasta la actualidad. La asociación Pro Río justifica la remisión del escrito, presentado con fecha del 8 de octubre de 2012, en que la celebración del juicio, aún pendiente de señalamiento oficial, se prevé en un tiempo "medio" que, según fuentes judiciales consultadas por este diario, podría ser a mediados de 2013. "Estas valoraciones son estrictamente necesarias para ejercer con la máxima plenitud de derechos el ejercicio de la acción popular ante una presunta dejación grave de la función pública, que produce daños en la naturaleza, medio ambiente y, consecuentemente, en las personas", señala el documento.
Más testigos para el juicio
El escrito de Pro Río, que firma en representación de la asociación denunciante el letrado murciano Diego de Ramón, solicita también al juez que llame a declarar en calidad de testigos al actual presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas; a los expresidentes José Zorita y Rosario Quesada; al actual consejero de Agricultura y Agua de Murcia, José Antonio Cerdá, y al anterior director General del Agua del gobierno murciano.
La asociación denunció por delito ecológico y por dejación de sus funciones a los responsables de la CHS durante los años 1999 y 2003, en los que se produjeron los vertidos investigados de los que consta su contaminación a través de numerosos informes del Seprona y análisis de los Institutos Nacionales Toxicológicos de Madrid y Barcelona.
Así, el juez abrió juicio oral contra los expresidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura Antonio Lloret y Juan Cánovas, -para los que el fiscal pide seis meses de prisión sustituibles con multa-, y otros dos comisarios del organismo de cuenca. No obstante, la pena mayor la solicita el fiscal para el exgerente de Aguas de Murcia (Emuasa), José Luis Hervás, y para el exalcalde de Alcantarilla, Lárazo Mellado, para los que el fiscal solicita un año de prisión y multa. Según la Fiscalía, el primero era el responsable de la mercantil que permitió vertidos de aguas residuales "sin ningún tipo de depuración por el colector de Beniaján, teniendo una simple autorización administrativa provisional concedida por la CHS" que alcanzó a los 27 municipios de la Vega Baja.
En cuanto al segundo, el fiscal concreta que era el responsable de vertidos de Alcantarilla que se canalizaron hasta la depuradora de Rincón de San Antón. En ningún caso, según la denuncia, se llevaron a cabo expedientes para castigar estas conductas, por lo que el fiscal entiende que la CHS hizo dejación de sus funciones.
El más contaminado de Europa
Se trataba de vertidos tanto orgánicos como industriales que llegaron a provocar una degradación progresiva del río que afectó a los 27 municipios de la Vega Baja, "haciéndole perder las características propias de haber sido considerado desde siempre como un ecosistema fluvial de gran valor en flor y fauna, destinándose también para el baño y para el riego de la huerta". "Ha sido a partir de la segunda mitad de la citada década cuando tal degradación fluvial se ha visto aumentada, viéndose reflejado en fétidos olores, coloración grisáceo-negra, con continuas espumas, lo que le ha llevado a ser el río más contaminado de Europa", añade el fiscal en su escrito de acusación.
Responsables de la CHS, entre ellos el expresidente Juan Cánovas, ya fueron a juicio en enero de 2003 -y absueltos por la Audiencia de Elche tras una condena previa por un juzgado de lo Penal- por vertidos ilegales y de lodos en los sotos del río Segura. Otra investigación que implicó al organismo de cuenca y que abrió un juzgado de Madrid fue la del robo de agua con pozos ilegales.
