Juan Ignacio López-Bas (CLr-Claro) es uno de los concejales que percibe la dedicación exclusiva desde que su formación, en el verano de 2011, se integrase en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela, lo que le reporta unos ingresos de 40.000 euros anuales. Como él, hay otros diez casos de dedicaciones exclusivas. Cuando comenzó la legislatura se le dio a elegir porque podría haber optado por no cobrar (y mantener de lleno su actividad profesional como abogado); o, como mal menor solicitar una media dedicación (25.000 euros, que es el caso de la edil no adscrita Ana Mas), pero el edil decidió echar eufemísticamente el portazo a su gabinete jurídico para dedicarse de lleno al servicio público a los ciudadanos. ¿O no?
El diario ha tenido acceso a documentos presentados en los juzgados este mismo año en los cuales la firma del concejal continúa apareciendo dentro de las labores de representación de clientes lo que, por obvias razones, se podría interpretar que es una causa de incompatibilidad, que estaría vulnerando la dedicación exclusiva y, consecuentemente con ello, no podría seguir cobrando del erario público. Aún y así, él lo niega, "no ejerzo actividad incompatible desde septiembre de 2011", aseguró por escrito a este periódico.
López-Bas, para poder seguir firmando documentos en los juzgados, necesita seguir dado de alta como letrado ejerciente en el Colegio de Abogados de Orihuela o solicitar a la junta de gobierno que encabeza el decano Manuel Almarcha un permiso para litigar por un caso muy concreto y muy justificado, lo que no se ha producido.
El diario ha tenido acceso a la firma del concejal en documentos ante los juzgados porque otros letrados no están de acuerdo con esta práctica pero, en vez de denunciarlo ante el Colegio de Abogados, deciden hacerlo público. Es decir, con papeles pero sin aparecer. Algo que recientemente criticó otro compañero de filas de López-Bas, Pedro Mancebo (también abogado) quien se enfrenta a un denuncia por supuesta estafa (algo que él niega) después de que el letrado que la dirige decidiera no dirimir antes el asunto en sede colegial y acudiera a la Guardia Civil.
El concejal López-Bas se muestra molesto porque se le acuse de seguir trabajando como abogado cuando, en realidad, se podría considerar desde su punto de vista una labor más residual que otra cosa porque uno no puede echar, asevera, esa persiana de un despacho de un día para otro.
El concejal considera que hay una serie de casos que no le queda otra que acabarlos para, por ejemplo, clientes que le hubieran devengado ya honorarios, otros sobre los que no le cabe dar a la venia (ceder) a otro compañero o cuando, simplemente, su actividad consiste en firmar documentos de mero trámite que, incluso, el juzgado le deja a uno escanear, asegura el edil que preside a los liberales de Orihuela.
Un Ayuntamiento de letrados y profesores
La profesión de abogado es una de las que más habitualmente termina unida a la política; algunos aseguran que esto es así porque son capaces de dar la vuelta a cualquier asunto como si se tratase de un calcetín y eso en política es asignatura de obligado cumplimiento. De los 25 ediles hay cinco que ejercían o ejercen en los juzgados, son Dámaso Aparicio (PP), Pedro Mancebo y Juan Ignacio López-Bas (CLr-Claro), Antonio Zapata (PSOE) y Asun Mayoral (no adscrita tras su expulsión de los liberales). Un sexto concejal tenía esta profesión, Pablo Vidal, hasta que fue sustituido en CLr-Claro por Marta Campillo. Pero la profesión de abogado no es la única que manda en Orihuela, donde hay que contar hasta cinco profesores en estos momentos: Antonio Rodríguez Barberá (PP), Antonia Moreno, Ana Mas y Rosa Martínez (PSOE) y Monserrate Guillén (Los Verdes). El concejal Manuel Culiáñez (Los Verdes), quien dejó su acta el pasado mes de septiembre, también se dedica a la educación. De todos ellos, Antonia Moreno, Ana Mas y Antonio Rodríguez Barberá son los únicos que ejercen su labor docente en institutos de Orihuela y compaginando su labor con la de concejales. M. A.
