El alcalde socialista José Manuel Butrón decidió el jueves expulsar del salón del plenos al exconcejal y dirigente de la LUT, Francisco Pérez Aleo, quien quiso interpelar, en el turno de ruegos y preguntas como público al primer edil sobre cuestiones que se abordaron en la sesión ligadas a sus imputaciones. Pérez Aleo quiso aclarar a los asistentes que Butrón no ha dado aclaraciones en las sesiones plenarias a los miembros de la oposición, como había mantenido, sobre esas imputaciones. Para desalojar al vecino, ya octogenario, Butrón echó mano de la Policía.Fue en un pleno especialmente tenso porque el grupo de IU-LUT, que calificó el desalojo como caciquil, dijo que el "alcalde está muy nervioso" y presentó en el mismo pleno una moción urgente para que adopte "la medida de policía de clausura o cierre de la conocida macrodiscoteca Revival".

Sin condiciones

Esa petición, que no salió por la abstención del PSOE, se efectuaba tras constatar la existencia en las redes sociales de convocatorias masivas -ya hay más de 4.300 invitaciones cursadas y más de 1.100 participantes confirmados- para asistir a la fiesta de cierre, los días 9 y 10 de febrero, "del citado local clandestino", afirma LUT, ubicado dentro el Parque Natural de las Salinas de la Mata y Torrevieja y que va a echar el cierre en el marco de la misma investigación en la que se implica al alcalde por permitir supuestamente ésta y otras actividades sin que legalmente puedan ejercerla al ser suelo protegido. El PSOE se ha negado a adoptar esta medida pese a que ha sido el propio alcalde, según explicó el concejal de IU Alfonso Paredes, el que solicitó el 24 de enero "socorro y auxilio" a la Generalitat "en previsión de que se pudiesen producir alteraciones y desórdenes públicos durante la macrofiesta". En opinión de IU-LUT "con tal actitud los concejales socialistas de Los Montesinos se han convertido en cómplices del alcalde y en responsables "de lo que pueda pasar"".

Para esta formación se trata de una "circunstancia especialmente grave" en unos momentos en los que, "tras los lamentables y tristes sucesos acaecidos en el Madrid Arena, se está poniendo de relieve la existencia de una responsabilidad patrimonial y civil de los ayuntamientos, en materia de macrofiestas celebradas de manera ilegal en recintos que no reúnen las condiciones para ello".