El grupo municipal del PP de Orihuela presentó ayer, de una tacada, tres denuncias por supuestas irregularidades en la gestión económica del Ayuntamiento y lo hizo ante el Tribunal de Cuentas, ante la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana y ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Todo ello con el objeto de demostrar que el bipartito -"como antes el tripartito", dijo la portavoz, Mónica Lorente- pregona una cosa y hace otra. Ésta compareció junto al secretario general y concejal, Dámaso Aparicio, en la sede del PP para explicar que el equipo de gobierno que capitanea Guillén no hace las cuentas, ni cumple los plazos de pago o presenta liquidaciones en tiempo y forma. Ambos ediles populares esperan que todos estos organismos abran expedientes al ejecutivo local para "desnudar" lo que califican como una pésima gestión económica a la que ayer volvieron a definir como de "despilfarro".
La primera denuncia, ante el Tribunal de Cuentas, se centra en el hecho de que el 31 de octubre de 2011 finalizó el plazo para presentar la Cuenta General de 2010. Según Lorente, el equipo de gobierno ni presentó esa ni el pasado año la de 2011, "a fecha actual -se dice en el escrito- tampoco hay visos de aprobar por la corporación dichas cuentas y tampoco las correspondientes a 2012". Para el PP no sólo es que se incumpla la Ley Reguladora de Haciendas Locales, sino que la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana -ante la cual se tienen que presentar esas liquidaciones de años vencidos- "ha remitido escritos de fecha 10 de julio, 12 de septiembre y 10 de octubre de 2012" en los cuales recordaba la obligación que tenían de rendir cuentas sin que, "hasta la fecha se tenga constancia del cumplimiento de dicha obligación". Y el PP dice que no tiene conocimiento porque, aunque es una obligación del equipo de gobierno dar cuenta de estos asuntos, a los populares no les consta". El PP lo que le pide con la denuncia es que determine las "correspondientes responsabilidades en las que pudieran haber incurrido y las personas obligadas a responder de la contabilidad y de la gestión económica del Ayuntamiento de Orihuela".
La segunda denuncia es ante la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat y viene a incidir en hechos similares; es decir, en la obligación que tiene el Ayuntamiento de presentar la liquidación de cuentas ante ese órgano, algo que no ha hecho, por lo cual también se solicitó no sólo la "realización del control en la sede del Ayuntamiento", sino que se propongan a los órganos las correspondientes "responsabilidades personales".
Secretaría de Estado
La tercera denuncia es ante la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y en la misma a lo que se hace referencia es al supuesto incumplimiento del plan de ajuste, algo que Lorente lleva meses repitiendo que no se ha hecho en el municipio, más bien todo lo contrario, asegura. De hecho, asegura, "el PP ha sido testigo de los continuos incumplimientos por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento" y recuerda que el pasado día 29 se dio cuenta del Informe de Intervención y éste está incompleto y se había producido un desvío del mismo de 885.000 euros, pero además, siempre según la denuncia, se está incumpliendo la Ley de Morosidad, ya que no se cumple el plazo de pago a proveedores ni se da cuenta del mismo, cada tres meses al pleno. Igualmente, según el PP, se incumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
