La última vez que la Mancomunidad presentó su balance económico al Síndico de Cuentas, encargado de supervisar las cuentas de la entidad, fue en 2009. Desde entonces, nadie ha vigilado las operaciones de este organismo, que hasta 2011 manejaba un presupuesto de más de 2,7 millones de euros proveniente en gran parte de subvenciones autonómicas y europeas destinadas a la formación de empleados y asesoramiento a empresas. Aunque el Síndico envió varias notificaciones a la entidad para alertar de esta situación no se hizo nada.
La rocambolesca situación que vive una entidad ha llevado a su presidente en funciones a pedir ayuda a los servicios jurídicos de la Diputación para que den su visto bueno al proceso de liquidación. El organismo provincial ha recordado que todos los Ayuntamientos mancomunados deberán aprobar en sesión plenaria y por mayoría absoluta la disolución de la Mancomunidad, tal y como recogen los estatutos. Entonces se nombrará la comisión liquidadora que, en un plazo máximo de tres meses, hará un inventario de los bienes, servicios y derechos de la entidad, y cifrará sus recursos cargas y débitos, procediendo después a la distribución de deudas entre consistorios. Si éstos tardan más de lo estipulado en efectuar los pagos y la cuantía se incrementaría en concepto de intereses de demora.
