Casi 200 jubilados se concentraron ayer a las puertas del Ayuntamiento para reclamar que vuelvan los bingos y bailes a las cuatro Casas de la Tercera Edad del municipio. El viernes algunos usuarios de estas entidades cuestionaron la transparencia en la gestión de los fondos que sirven para costear el par de bailes semanales que organizan estos locales sociales y que el Ayuntamiento ya no sufraga por los recortes -a excepción de los que oferta en el Centro Municipal de Ocio-. El alcalde Eduardo Dolón (PP) adoptó esta decisión de suspender, que no todos los centros cumplieron, tras analizar los comprobantes de pago que le facilitaron de esos servicios en el centro polivalente de La Mata, que cuenta con unos 700 usuarios. Poco ortodoxas deben ser estas facturas desde el punto de vista de la contabilidad más básica porque unos 200 jubilados se quedaron sin baile ese mismo viernes y no lo celebrarán hasta nueva orden. A muchos afectados sin embargo no les ha gustado nada esta decisión, y su reacción no se ha hecho esperar. Un nutrido grupo de usuarios de estos centros de ocio para jubilados, sobre todo procedentes de La Mata pero también del Centro de la Tercera Edad del Acequión, «aterrizó» ayer en la Plaza de la Constitución a las 10.
Dolón recibió de inmediato al presidente matero, Vicente Ñíguez, cuyas «costumbres domésticas» de gestión son cuestionadas por los que echan de menos formas más democráticas.
El asunto es delicado para el alcalde teniendo en cuenta que los mayores de 65 años suponen el 30% del electorado torrevejense y que este sector de población ha sido mimado por un gobierno municipal que ha garantizado durante años muchas ventajas para este colectivo. La gratuidad de servicios municipales o las ayudas sociales, las «paguicas», son solo un ejemplo. Por eso el alcalde anunció que visitará el local de la entidad esta semana para mantener una reunión y tranquilizar los ánimos. Tras ese anuncio la manifestación se disolvió «pacíficamente». Ñíguez explicó que se celebran dos bailes semanales y que sufragar al artista y otros gastos supone un desembolso de 90 euros por sesión.
Para pagarlos se organizan bingos y sorteos. Todo está justificado, asegura. Los jubilados «disidentes» que se atrevieron a dar la cara en el último pleno iban más allá en sus denuncias y se preguntaban si la democracia no funcionaba en el seno de estos centros municipales: el mandato de sus presidentes, elegidos sin votaciones previas, se eternizaban hasta su fallecimiento y nadie conoce los estatutos internos.
