No hay dinero ni para pagar las facturas de teléfono. La Mancomunidad de Promoción Económica de la Vega Baja atraviesa su momento más crítico, con una deuda que supera el millón de euros, una sede embargada por los juzgados debido a los impagos de los salarios a los extrabajadores y 11 ayuntamientos que han sido incapaces de alcanzar acuerdos para liquidar la entidad desde que el 27 de diciembre de 2011 se acordó en pleno iniciar los trámites para su disolución. La ruina de este ente ha llegado hasta el punto de que no hay dinero ni para comprar folios o pagar los recibos del agua y la luz, y los dos trabajadores que están intentando cuadrar la contabilidad de los últimos años para finiquitar el cierre han sido desplazados a un despacho en Benijófar. Mientras tanto las oficinas de la Mancomunidad, que costaron 824.077,93 euros y cuyo valor ha rebajado ahora un perito a 180.000 euros, empiezan a llenarse de polvo y se deterioran. Algunos alcaldes empiezan a blindarse ante la batalla judicial que está apunto de comenzar. Porque si hay una cosa que está clara es que los regidores harán todo lo que esté en su mano para afrontar el menor gasto posible a un año de los comicios electorales.
La Mancomunidad de Promoción Económica, que nació para impulsar la economía de la Vega Baja y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ha llegado al punto que está incumpliendo el convenio firmado con la Administración pública para abonar deudas atrasadas por las cotizaciones de los trabajadores despedidos de forma improcedente. Todavía restan cerca de 15.000 euros por abonar a la Agencia Tributaria y 13.000 euros más a la Seguridad Social, pero el ente no puede hacer frente a los compromisos de pago porque la caja está vacía. De igual modo, se han dejado de pagar las cuotas de varios préstamos bancarios. Esta serie de incumplimientos no hacen más que aumentar la deuda porque se incrementa el pago de intereses por demora y, por el momento, no parece que la situación vaya a mejorar, sino más bien todo lo contrario.
Acciones jurídicas
Con el objetivo de poner orden al caos en el que está sumido este ente, el presidente en funciones de la entidad y primer teniente de alcalde de Benijófar, Antonio Tomas Mateo, propuso al pleno contratar el servicio de un abogado para que determinara las acciones jurídicas a desarrollar para proceder a la liquidación y división del patrimonio de la Mancomunidad, un servicio que ha costado cerca de 2.000 euros. Aunque esta decisión se adoptó en el seno del órgano en el que están integrados los 11 ayuntamientos que conforman la entidad, lo cierto es que no ha gustado a una parte de los alcaldes que aseguran que la Diputación de Alicante, que está coordinando el proceso, puso a disposición de la Mancomunidad a un habilitado nacional para dirigir el proceso de liquidación, aunque otros regidores niegan este extremo, lo que evidencia que las posturas enfrentadas entre los integrantes de Algorfa, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Jacarilla, Los Montesinos, Redován, San Isidro, San Miguel de Salinas y San Fulgencio.
El informe redactado por «Decisio Consulting», que ya está en manos de los 11 ayuntamientos, recuerda que los consistorios todavía deben 406.557,79 euros a este ente por cuotas impagadas principalmente de los ayuntamientos de Bigastro, San Miguel de Salinas y San Fulgencio. Se da por hecho que la Administración bigastrense regida por Charo Bañuls (PP) no podrá afrontar su parte de la deuda por las graves dificultades económicas por las que atraviesa este municipio. Además, cabe recordar que los ayuntamientos están sometidos a estrictos planes de ajuste económicos, que no han establecido partidas económicas en sus presupuestos para afrontar este gasto y que, en todo caso, podrían fijarlo en las cuentas de 2015. En liza está la supuesta deuda de Redován, al que le reclaman las cuotas de 2012 y 2013, a razón de 25.000 euros cada una, pero que el Ayuntamiento no reconoce porque asegura que la Corporación municipal aprobó en noviembre de 2011 salir de la Mancomunidad. Este asunto ha sido el primero en pasar a los tribunales tras el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consistorio que dirige Emilio Fernández (PP).
Lo cierto es que no son pocos los alcaldes que, cuando se apagan los micrófonos, vaticinan que los procedimientos judiciales se multiplicarán cuando se aclaren las cuentas y se sepa qué parte de la deuda tiene que afrontar cada municipio, en función de sus habitantes y de los años que ha formado parte de la entidad. En caso de que la situación se alargue, parece que la situación podría complicarse todavía más por los posibles cambios de gobiernos locales que surjan de las elecciones del próximo año y, con ellos, los cambios en el órgano plenario del ente.
Así las cosas, ya han pasado dos años y medio desde que se decidió dinamitar la Mancomunidad y los trabajadores despedidos todavía esperan el medio millón de euros que se les adeuda, la contabilidad de los últimos ejercicios sigue sin cuadrar, las deudas siguen aumentando y, si no se alcanzan acuerdos rápidos, será un juez quien escriba el final de una aventura que ha resultado ruinosa.
