La Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiestas, Baile y Discotecas ha denunciado que el Ayuntamiento no exige el cumplimiento de la normativa de establecimientos que funcionan como discoteca sin contar con las condiciones para ejercer esa actividad, entre otras deficiencias y anuncian medidas legales.
El secretario de este colectivo, Juan Martínez-Tercero Moya, en una carta dirigida al alcalde Eduardo Dolón, explica que la asociación se ha dirigido ya en varias ocasiones al Ayuntamiento para poner en conocimiento las «irregularidades que está consintiendo en determinados locales de Torrevieja». Unas deficiencias que se concretan en licencias amparadas en cambios de titularidad, pese a realizarse obras sustanciales en los establecimientos. Un hecho que legalmente impide mantener la licencia. También se cita el incumplimiento de horarios, la ausencia de normas de seguridad, plan de evacuación, puertas de emergencia válida, insonorización y deficiencias en la aplicación de los limitadores de sonido.deficiencias limitadores sonido
Fuentes de esta asociación indicaron que algunos de los problemas detectados se centran en una conocida discoteca situado en la playa de La Mata, junto a una zona residencial y que ha generado numerosas quejas vecinales y en menor medida el local situado en la playa de Los Locos. Ambos establecimientos, muy populares, llevan meses defendiendo la legalidad de su actividad. Su activado exige además un despliegue extra de fuerzas de seguridad y limpieza.
Los negocios asociados, sobre todo presentes en la zona del polígono industrial Casagrande, recuerdan que esta situación en plena campaña estival «es insostenible» y que el Ayuntamiento es el primero que debe hacer cumplir la ley y «su dejación sitúa a los empresarios en una indefensión injustificable». Algo, sostienen, que devendrá en que se puedan exigir «las responsabilidades correspondientes». La Asociación, que asesora a esas empresas para emprender medidas legales indica que se ha ofrecido, en múltiples ocasiones, su colaboración para evitar «competencia desleal y graves pérdidas económicas a los empresarios» que realizan la actividad con «legalidad».
