El Ayuntamiento de Catral aprobará previsiblemente esta semana la expedición de las primeras cuatro licencias de segunda ocupación de propiedades construidas fuera de ordenación en la huertapropiedades construidas fuera de ordenación en la huerta. Los propietarios han presentado toda la documentación requerida para estos casos en la nueva ordenanza que regula la concesión de licencias urbanísticas, que exige justificar que los expedientes de infracción han prescrito. Las solicitudes ya han obtenido informes favorables del arquitecto municipal y del secretario, y solo falta el dictamen del asesor urbanístico, que llegará en los próximos días, para que el gobierno local de luz verde a la obtención de las ansiadas cédulas de habitabilidad en la próxima junta de gobierno.
La concejala de Urbanismo, Asunción Salinas (PSOE), explicó ayer a este diario que la licencia de segunda ocupación permitirá cuestiones tan básicas como poder solicitar el alta en el servicio de electricidad o de agua potable, ceder la propiedad o realizar pequeñas obras de mantenimiento. Hasta este momento existen pequeños núcleos de viviendas que incluso comparten los contadores del agua y la luz puesto que no pueden separarlos. No obstante, la expedición de estas licencias no significa que las casas sean legalizadas, puesto que según informó el gobierno tripartito de Catral (Alternativa por Catral, Socialistas de Catral y PSOE), la Generalitat solo permitirá legalizar las casas que se encuentran diseminadas en la huerta con la aprobación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que aborde en exclusiva la situación de las viviendas y siempre que ese cambio no incluya «crecer ni un solo metro de suelo urbano ni de suelo industrial».
Durante los últimos seis meses el consistorio de Catral ha recibido más de 700 solicitudes para poder acogerse a este trámite. Las cerca de 1.400 viviendas construidas al margen de la legalidad urbanística se levantaron a finales de la década de los 90 y principios del 2000. Sobre algunas de ellas ya no pesan expedientes de infracción porque han prescrito, pero sobre otras dichos procesos sancionadores, que podrían obligar a la demolición de las viviendas, están en vigor, por lo que no se puede regularizar su situación.
Dos ordenanzas
El gobierno tripartito, que accedió a la Alcaldía hace dos años tras desbancar al PP con una moción de censura, se marcó el objetivo de intentar poner orden en todo este desaguisado urbanístico para poder expedir las cédulas de habitabilidad. En enero de 2014 aprobó una ordenanza que sentaba las bases para regular las licencias urbanísticas y afines que contemplaba estos casos. Se estableció como requisito indispensable para poder acogerse a esta solución que se cotejara que la vivienda en cuestión estuviera totalmente terminada y que los expedientes de infracción urbanística hubieran prescrito, así como demostrar que se habían instalado los correspondientes sistemas de depuración de aguas residuales. A esta ordenanza le siguió otra, aprobada en junio del pasado año, tendente a ordenar el trámite administrativo de expedición de licencias de segunda ocupación, que estableció que el montante a pagar por regularizar una casa de 90 metros cuadrados en suelo rústico sería de 631 euros. El consistorio prevé recaudar cerca de 43.000 euros por estos trámites durante el presente ejercicio.
