Los Verdes (LV) desveló ayer un documento privado en el que se indica que la finca que el exalcalde Pedro Hernández Mateo recibió como parte del pago de los suelos que vendió al Grupo de Empresas Edén del Mar en Almoradí, tenía un valor real de 1,2 millones de euros y no los 601.000 euros que recoge oficialmente el registro de la propiedad. El escrito está rubricado por uno de los administradores de esa firma constructora. Hernández Mateo compró a unos particulares varias fincas rústicas en Almoradí por 180.000 euros en el año 2000 y las vendió a Grupo de Empresas Edén del Mar por 5,4 millones de euros dos años después. La mercantil desarrollaba entonces una intensa actividad urbanística en el municipio que presidía Hernández Mateo. Es una operación que los juzgados investigan desde 2005 por un supuesto delito de tráfico de influencias. Asunto por el que exalcalde está imputado desde entonces.

Como primer pago del acuerdo al exalcalde la firma inmobiliaria aportó una finca de siete hectáreas rústica con una vivienda, huertos de cítricos y varias naves, situada en San Miguel de Salinas. El resto del importe se abonaría durante diez años a través de pagarés. La operación de compra y venta se dio a conocer en mayo de 2005 a través de los medios de comunicación y poco después se denunció ante la Fiscalía Anticorrupción. LV indicó que ha aportado al juzgado, entre otra documentación obtenida en los últimos meses, este escrito. Las mismas fuentes indicaron que el juzgado tiene previsto en breve concluir la instrucción, que se prolonga ya una década, y reclamar a la acusación y la Fiscalía sus escritos de conclusiones antes de decidir si abre juicio o archiva el caso.

Los ediles José Manuel Dolón y José Hurtado Paredes consideran que este documento vendría a confirmar la verisimilitud de un acuerdo «en B», en el que no aparece la firma del exprimer edil y en el que supuestamente se comprometía ante Edén del Mar a mediar con el Ayuntamiento de Almoradí para que las fincas -20 hectáreas- se reclasificaran como urbanizables con un plan parcial -en 2002 Almoradí comenzó los trámites para diseñar un Plan General que todavía no se ha culminado-. En ese supuesto contrato privado, dado a conocer en mayo de 2011, el precio de venta de las fincas superaba los 8 millones de euros, casi 3,5 más del que figura en el registro de la propiedad.

Los ediles de LV aseguran que el documento tiene también relevancia fiscal «ya que estaríamos de la ocultación a Hacienda de más de 630.000 euros en la operación de adquisición de la finca de San Miguel.

El Tribunal Superior de Justicia calificó la venta de fincas del exalcalde, que cumple condena por un caso de corrupción, como «una ventajosísima operación» de la que, sin embargo, no se desprendían en 2010 indicios de delito con las diligencias realizadas hasta entonces.