El 10 de noviembre de 2012 el entonces concejal de Deportes y Educación de Torrevieja, Daniel Plaza (PP), presentaba su dimisión dos meses después de que INFORMACIÓN destapara que ediles y asesores del Ayuntamiento, entre los cuales se encontraba, habían utilizado sus teléfonos móviles públicos para un uso particular que incluía desde llamadas a prostitutas a descarga de juegos, contratación de servicios Premium, participación en concurso televisivos a través de números de tarificación especial o el envío de cientos, miles de mensajes, de forma rutinaria, para felicitar las fiestas, por ejemplo, a todos los contactos. El mismo día que anunció su adiós Plaza, probablemente la dimisión más dolorosa en años por su excelente perfil y trayectoria pública, el alcalde, Eduardo Dolón (PP), justificó el uso privado de móviles sufragados por el erario público con esta frase: «Los políticos no tenemos ni horario ni vida privada» y a continuación añadió que él también lo había utilizado en alguna ocasión.
Al cabo de 28 meses, la Fiscalía, en un extenso auto, insta el sobreseimiento libre de las actuaciones y con dos consideraciones importantes. Una, el que no existe jurisprudencia al respecto; es decir, que algo que por desgracia es tan habitual como que los cargos públicos confundan qué teléfono están usando en cualquier momento -si el paga él o el que pagan sus ciudadanos- no debe ser tan grave o al menos nadie se había parado a denunciarlo porque la jurisprudencia del Supremo sólo cita un caso, en 2006, y que no se parece (se dilucidaba era si un alcalde gallego podía apropiarse de el de los bomberos para su vehículo particular). Y, el segundo, que es difícil incardinar en un artículo del Código Penal esta práctica, que podría verse como una malversación de caudales públicos, pero que precisa que se cause un «grave perjuicio a la causa pública». Y esta es la pregunta que el Ministerio Público se hace y se contesta en el informe que obra en poder del juzgado para llegar a la conclusión de que no lo es; consecuentemente, no existe delito. El coste de las llamadas privadas de las seis líneas investigadas por la Guardia Civil osciló entre los 4,06 euros y los 3.331,9 euros, lo que supuso el 1,4% de los 504.939,19 euros que pagó el erario público por llamadas en ese periodo. Y eso para el fiscal es un porcentaje ínfimo.
El Ministerio Público , que no tiene más objeto en su labor que la defensa del bien público, ha hecho un dictamen que será fundamental para que el juzgado se pronuncie en favor del archivo y dé carpetazo a un asunto que sólo ha tenido una víctima política: Daniel Plaza, aunque ni el propio equipo de gobierno quiere hablar de este asunto porque, evidentemente, sabe que nunca le sacará rédito político.
Tras conocerse la resolución, publicada el miércoles por INFORMACIÓN, dos de los tres partidos en la oposición de Torrevieja han reprochado no tanto el futurible archivo de la causa y la actuación del Ministerio Público sino la gestión del alcalde Dolón, quien puso la mano en el fuego por la inocencia de Plaza mientras este dimitía a su lado.
Críticas
«Un céntimo ya era suficiente para actuar en consecuencia porque estamos ante un delito político más allá de lo que diga la Justicia», dijo el miércoles Domingo Soler (APTCe) al tiempo que culpaba al presidente provincial del PP, José Ciscar, de no haber intervenido en un asunto que entiende que, sea o no delito, trasciende de lo que debería ser el código ético de un político. «No podemos aceptar, como tampoco pueden hacerlo los ciudadanos de Torrevieja, que una situación tan clara de uso de dinero público para asuntos personales no tenga consecuencias políticas», añadía el jueves el portavoz del PSOE, Ángel Sáez, cuyo partido ha sido parte en el procedimiento judicial.
El Ayuntamiento tras estallar el escándalo, que se conoció y eso es bueno recordarlo porque no le quedó otra que mostrar las facturas al superarse aquel año el presupuesto para llamadas, se quejó a la compañía Vodafone, con la que tenía suscrito todos los contratos y obtuvo un reintegro de 14.508,62 euros, más del doble de lo tarificado en los móviles objeto de investigación. Vodafone sigue a día de hoy siendo la compañía del Ayuntamiento y sin contrato por concurso público.
