«Hay casos en los que conviven 13 personas en una misma casa al no tener otro lugar donde vivir. Hay familias con tres menores (cinco personas en total) que comparten una misma habitación. Viven como conejos, unos encima de otros». Evitar estas situaciones y garantizar el derecho a una vivienda digna a familias sin recursos es el objetivo de la obra social impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, tal y como apuntan sus responsables. Para ello, buscan viviendas vacías durante más de un año, por lo general en propiedad de entidades bancarias que se han hecho con ellas tras ejecuciones hipotecarias, y realojan aquí a quienes más lo necesitan.
La demanda es muy alta. Actualmente, y pese a que ya se han acomodado a un número significativo de familias, la entidad cuenta con una lista de espera de más de una decena de familias que no han podido encontrar otra opción para conseguir un hogar. Y es que a pesar de la ayuda de familiares o amigos, llega un momento en el que la combinación del gran número de personas que comparten espacio en escasos metros cuadrados, hace insostenible disfrutar de unas condiciones de habitabilidad mínimas para estas familias.
Sin embargo, desde la PAH señalan que este programa de ayuda social se realiza «en casos extremos, cuando los Servicios Sociales o los programas públicos de obtención de viviendas a familias desprotegidas, no han dado sus frutos», según explica el portavoz del colectivo José Andrés Berná. Es entonces cuando la maquinaria de la Plataforma se pone en marcha para estudiar cada uno de los casos de forma exhaustiva y determinar así las necesidades reales de estas familias. Y es que, la «recuperación» de estas viviendas no se realiza de forma arbitraria, sino que la PAH realiza un amplio estudio previo tanto de las familias a realojar como del entorno vecinal donde convivirán.
Para empezar, las familias deberán presentar un grave riesgo de exclusión social para optar a este «programa de vivienda». En cuanto a los inmuebles, estos han de pertenecer a las entidades bancarias y haber permanecido completamente cerradas durante al menos un año. «Hacemos un estudio del vecindario, para que sepan quiénes somos y lo que hacemos» y comprobar así que la familia a realojar será aceptada e integrada en el barrio, explica Berná. Esta tolerancia exigida debe ser mutua. Es decir, la familia reubicada también deberá cumplir unas pautas de comportamiento para garantizar la convivencia vecinal. «Si no, les retiramos el apoyo».
Vacío legal
Desde la PAH señalan que esta recuperación de viviendas propiedad de los bancos goza de un «vacío legal respecto a la entrada en la vivienda», de ahí que, en estos casos, solo se recuperen pisos en las que «nos encontramos la puerta abierta». Además, los servicios jurídicos del colectivo se encargan de garantizar la continuidad de estas personas en la casas en las que conviven con sus familias.
Luz y agua
La colaboración vecinal es clave en el éxito de este programa de viviendas. Las compañías eléctricas y de agua requieren la autorización del titular de la vivienda (en este caso los bancos) para dar de alta estos servicios, por lo que a menudo recurren al enganche de viviendas colindantes, con la autorización de sus propietarios.
Por tanto, desde la PAH reclaman al Ayuntamiento que colabore en la mediación para hacer posibles estas altas, para lo que se reunirán hoy, previsiblemente, en dependencias municipales con el fin de llegar a un acuerdo. Las compañías eléctricas son más reacias a dar de alta el suministro, mientras que la red de agua, al mantener convenio con los Ayuntamientos, se muestran algo más propensas a ello.
