Hoy se inicia la subasta de 50 bienes inmuebles y derechos de cobro por casi 14 millones de euros de la promotora inmobiliaria oriolana Casazul 2000 S.L., declarada en concurso de acreedores voluntario en noviembre de 2010 por el Mercantil 3 de Elche. No habrá lugar físico de celebración de la subasta ya que se llevará a cabo en una plataforma online durante el plazo de un mes.

Los inmuebles están repartidos en Elche, Orihuela, Pilar de la Horadada, Cartagena, Beniel, y Fortuna; y consisten principalmente en viviendas, locales, terrenos, plazas de garaje y trasteros siendo establecido su valor de liquidación por la administración concursal «en atención a la actual situación de mercado y cargas que afectan a los bienes», según recoge el plan de liquidación aprobado en febrero de 2013.

Entre los activos subastados destacan unos derechos de cobro contra dos empresas de inversión alicantinas por diez millones de euros que podrían ser adjudicados por poco más de la mitad de su cuantía, ya que la administración concursal ha tenido en cuenta para su valoración «la situación de solvencia de los deudores y su expectativa de recuperación», explica la empresa subastadora.

Tras dar por concluida la venta directa de estos activos, que fueron subastados al alza por un precio de salida del 100% de su valor durante 12 meses, se pasó a la siguiente forma de enajenación establecida en el plan de liquidación: subasta pública a través de entidad especializada.

A diferencia de la venta directa, en esta modalidad el precio de salida «no habrá ya limitación en cuanto a la aceptación de ofertas inferiores a la deuda privilegiada», según el auto de aprobación, pudiendo ser adjudicados los bienes por cifras inferiores a su valoración «atendiendo a la depreciación que pueda producirse por la demora en la transmisión», asegura el auto. Hasta el momento se han subastado 147 activos de Casazul 2000 S.L. a través de dicha plataforma online de liquidación, consiguiéndose la adjudicación de 97 de ellos en marzo de 2014. Entre los 28 acreedores ante los que la empresa concursada debe rendir cuentas se encuentran la Generalitat, Murcia o Cartagena.